• domingo, 18 de abril de 2021
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SOCIEDAD

El Gobierno echa el cierre definitivo a la central nuclear de Garoña ante las disputas políticas y de parte de sus accionistas

Navarra había presentado un escrito exigiendo "sin demora" el cierre de la planta por el riesgo que representaba para la Comunidad foral.

Exteriores de la central nuclear de Garaño, en Castilla y León. EP
Exteriores de la central nuclear de Garaño, en Castilla y León. EP

La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) echará el cierre definitivo después de que el Gobierno haya acordado no autorizar la solicitud de renovación de autorización de la explotación de la planta, según ha anunciado el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, a una semana de que se cumpliese el plazo para que el Ejecutivo tomase una decisión.

En una rueda de prensa convocada este martes para informar de la decisión del Gobierno sobre el futuro de la planta nuclear burgalesa, la que más años ha operado en España, el ministro ha explicado que la orden ministerial que tiene que emitir el Gobierno al respecto "será la de denegación" de la continuidad de la explotación porque las "circunstancias actuales" no garantizan la suficiente certidumbre, en relación a la oposición de todos los grupos políticos de la oposición a la reapertura y a las discrepancias sobre la solicitud también expresadas por Iberdrola y Endesa.

La decisión del Gobierno se ha tomado seis meses después de que el pasado 8 de febrero el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera un informe favorable -con el voto en contra de la entonces consejera Cristina Narbona- a la renovación de la autorización de explotación sin una fecha determinada.

Este informe establecía un conjunto de 10 condiciones, 15 instrucciones técnicas complementarias y un programa de pruebas de arranque en el que se verificaría el cumplimiento de todo ello, antes de que la central pudiera, en caso del permiso del Gobierno, volver a cargar combustible.

Una vez emitido el informe favorable la pelota estaba en el tejado del Gobierno, ya que las empresas propietarias de Nuclenor, Iberdrola y Endesa, mantuvieron una reunión el 26 de abril de 2017 en la que no llegaron a un acuerdo sobre la propuesta de la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán para desistir de seguir adelante con la solicitud que formularon en 2014 para poner de nuevo en marcha el reactor burgalés hasta 2031.

De ese modo, Garoña se convertiría en la primera central nuclear en llegar hasta los 60 años de operación y abriría el camino al resto de centrales españolas, que se van acercando progresivamente hasta los 40 años de vida útil, en pleno proceso del Gobierno por definir el modelo energético del futuro.

No obstante, la planta, que contaba con permiso de explotación hasta el 6 de julio de 2013, dejó de producir electricidad ocho meses antes, en diciembre de 2012, a consecuencia de un nuevo impuesto sobre el combustible que estableció el Gobierno y que Nuclenor estimó que le supondría un coste inasumible.

Así, el plazo para que Nuclenor pudiera solicitar su renovación expiró y, ante la apuesta del Gobierno por que la planta pudiera seguir adelante, meses después, en enero de 2014, el Ejecutivo aprobó una modificación normativa por la que una central que no hubiera cerrado por motivos relacionados con la seguridad nuclear ni la protección física, es decir por causas económicas, tendría un plazo añadido de un año para replantearse la decisión y pedir una nueva autorización.

Con esta modificación, el titular presentó el 27 de mayo de 2014, una solicitud hasta el 2 de marzo de 2031, cuando cumpliría 60 años de operación, de acuerdo con la "práctica regulatoria existente en Estados Unidos" y porque consideraba que un marco temporal de explotación de "estas características es necesario para hacer viable el proyecto y proporcionaría la estabilidad y certidumbre adecuada para acometer las inversiones precisas".

Desde entonces, Nuclenor ha invertido en mantener la planta en una situación de reversibilidad unos 358 millones de euros y estos costes estarían en el centro de la discusión entre los accionistas de Garoña.

El 11 de julio, el Gobierno abrió un plazo de diez días para que once interesados presentasen alegaciones al proceso. De estos, presentaron alegaciones favorables a la continuidad la Junta de Castilla y León y la Asociación de Municipios de Áreas Nucleares (AMAC) y contrarias a esa decisión las ONG Greenpeace, Ecologistas en Acción y las comunidades autónomas de País Vasco y Navarra.

HISTORIA

La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) es la más antigua de España -después del cierre en 2006 de José Cabrera (Guadalajara)-, fue inaugurada en 1970 y terminó su actividad el 16 de diciembre de 2012, después de haber operado 42 años y medio.

En 2009, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió un informe favorable por unanimidad a que la planta operase por 10 años más, hasta 2019. Si bien, el Gobierno autorizó su renovación hasta el 6 de julio de 2013.

LOS TRABAJADORES, INQUIETOS ANTE EL CIERRE

Los trabajadores de la central nuclear de Santa María de Garoña en Burgos -unos 400 entre puestos de trabajo directos e indirectos- se encuentran inquietos ante el futuro cierre definitivo de la central, según ha explicado Samuel Númez, miembro del comité de empresa.

De momento, la dirección de Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola y propietaria de la planta, aún no se ha puesto en contacto con los representantes de los trabajadores ni ha emitido ningún tipo de comunicado.

El comité de empresa comenzará a trabajar de inmediato para que el futuro de los trabajadores sea el mejor posible, según Núñez, quien ha recordado que el planteamiento de la empresa de cara al proceso de desmantelamiento puede ser "una de las claves" para ese futuro.

Actualmente en la planta de Garoña trabajan unos 400 personas, casi la mitad de ellas pertenecen a empresas subcontratadas después de que la planta haya prescindido en los últimos años de unos 60 empleados que se han jubilado y otros 200 trabajadores de las subcontratas.


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