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La Fiscalía reduce la amenaza de ETA, mientras las víctimas critican esta decisión cuando hay 30 etarras huidos

Según la Memoria anual de la Fiscalía, la amenaza de la banda terrorista a los sabotajes, pintadas y manifestaciones.

Manifestación en contra de la Guardia Civil en Alsasua. PABLO LASAOSA
Manifestación en contra de la Guardia Civil en Alsasua. PABLO LASAOSA  

La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2018 reduce la amenaza de ETA tras la derrota policial y el anuncio de disolución del pasado mes de mayo de la banda terrorista a los sabotajes, pintadas y manifestaciones impulsados por los distintos colectivos que conforman el entramado del independentismo radical vasco. 

En la Memoria presentada al inicio del año judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, se menciona dentro de este entramado radical a la izquierda abertzale y los sectores disidentes de la línea oficial, especialmente el colectivo de presos EPPK y ATA, "los que constituyen el principal vector de amenaza", según la Fiscalía.

El Ministerio Público subraya que la amenaza es "sin duda" de menor capacidad lesiva que con ETA activa y que se circunscribe al País Vasco y Navarra. "La actividad desarrollada --dice el documento-- tiene por objetivo visibilizar las principales reivindicaciones de sus presos: la libertad de los considerados gravemente enfermos y de los mayores de 70 años y el acercamiento a prisiones cercanas al País Vasco".

Los actos de violencia callejera protagonizados por individuos o grupos afines al radicalismo independentista vasco tuvieron un "carácter leve" a lo largo de 2018, siendo en su mayoría pintadas de apoyo a la organización terrorista y sus miembros, así como colocación de carteles con textos en el mismo sentido.

"Los de mayor entidad sufrieron un leve descenso cuantitativo", continúa la Fiscalía, que recuerda que en el mes de junio se registraron tres sabotajes contra las líneas férreas mediante el corte de las catenarias, que se encuadran en el marco de las jornadas de lucha contra la sentencia del conocido públicamente como 'caso Alsasua' por las agresiones a dos guardias civiles y sus parejas. La autoría se atribuye a los individuos más radicalizados que conforman los diversos colectivos juveniles de la izquierda abertzale.

En total, la Fiscalía recoge tres sabotajes a infraestructuras férreas y cuatro cortes de carretera mediante barricadas y quema de neumáticos en el apartado de la Memoria dedicado a ETA, con cinco detenidos (dos por enaltecimiento y humillación a las víctimas, dos por enaltecimiento del terrorismo y uno más por apología del terrorismo) y dos entregas temporales. También se contabiliza cinco expulsiones del país galo y ocho entregas a España en aplicación de órdenes europeas (OEDE).

Sobre los conocidos como 'papeles de ETA' entregados por Francia, que incluye más de 4.000 efectos incautados, la Fiscalía destaca que su peritaje ha permitido presentar en 2018 dos denuncias, así como la aportación de los manuscritos originales a los correspondientes procesos judiciales penales.

Para los efectos de naturaleza informática se ha optado por solicitar la autorización judicial para su acceso, dando lugar a la presentación de cinco denuncias en las que se agrupan más de 200 efectos que se hallan distribuidos y clasificados por razón de su fecha y lugar de incautación en Francia.

CRÍTICAS DE LAS VÍCTIMAS

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, ha solicitado explicaciones a la fiscal general del Estado, María José Segarra, por dar por "desaparecida" a ETA en su memoria anual, a pesar de que aún hay "más de una treintena de miembros" de la organización terrorista huidos.

Ordóñez ha remitido una carta a Segarra, tras conocer que en la memoria anual de la Fiscalía General se sostiene que ETA ha desaparecido tras declarar su disolución en mayo de 2018.

La presidenta de Covite pide a la fiscal que aclare si "ha habido un cambio en la doctrina oficial de la Fiscalía, que siempre se ha mostrado absolutamente escéptica sobre los movimientos de la organización terrorista ETA".

A su juicio, dar por desaparecida a ETA significa "validar el acto de disolución protagonizado exclusivamente por la banda terrorista y su entorno social y político", mientras que aún hay una treintena de miembros de la organización "prófugos de la justicia".

"¿Puede el Estado dar por 'desaparecida' a ETA sin la detención de todos los miembros de ETA huidos?", se pregunta Ordóñez, quien añade que para Covite, la única prueba de la "verdadera desaparición" de ETA sería "la detención de todos sus integrantes".

"Un Estado de Derecho no puede legitimar la disolución de ETA que organizó, protagonizó y orquestó la propia ETA", ha censurado la presidenta del colectivo de víctimas.

Además, la memoria de la Fiscalía no da por cerrada la posibilidad de "un rebrote del terrorismo independentista vasco por parte de los sectores disidentes de ETA. "Si la Fiscalía reconoce la existencia de organizaciones disidentes de ETA ¿Se puede dar por 'desaparecida' a la banda terrorista?", se ha preguntado.

Ordóñez ha recordado que ETA llevó a cabo un supuesto proceso de desarme, sin que se aclarase qué armas entregaron y cuáles "pudo haberse quedado" la organización terrorista", mientras que algunas de ellas fueron destruidas por los llamados "mediadores", que "pudieron haber cometido un delito gravísimo de eliminación y alteración de pruebas esenciales para la investigación de más de 350 asesinatos de ETA sin resolver".

ANARQUISMO, GRAPO Y RESISTENCIA GALEGA

Por otro lado, el Ministerio Público alerta del "latente riesgo" que grupos o individuos afines a los principios de la Federación Anarquista Informal-Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI), "paradigma a nivel internacional del anarquismo insurreccional que justifica su actividad en "eliminar todos los rastros de civilización".

La Fiscalía recuerda que la acción de mayor envergadura en 2018 fue la activación de un explosivo en la vía pública en Valencia, ocasionando daños en vehículos. En 2018 se practicaron 37 detenciones, la mayoría en Madrid.

En cuanto al Grapo, la Fiscalía no prevé la reactivación a nivel operativo por su "extrema debilidad" aunque puntualiza que la estrategia se mantiene invariable, sin renunciar públicamente a la lucha armada. Resistencia Galega, por su parte, también muestra debilidad estructural aunque su "capacidad operativa es suficiente para realizar acciones violentas". La Memoria no recoge la detención en junio de Antón García Matos, alias 'Toninho', y Asunción Losada.


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