El terrorista, que se encuentra en libertad bajo control judicial, se ha negado en el Tribunal de Apelación de París.
El etarra pamplonés David Pla, que se encuentra en libertad bajo control judicial en Francia, ha rechazado este miércoles su entrega a España, que lo reclama para juzgarlo por hechos de terrorismo en España y Francia en 2008.
Pla, que compareció ante la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París, se ha negado a aceptar la euroorden emitida en su contra el 12 de mayo de 2011 por el entonces magistrado de la Audiencia Nacional de Madrid y actual ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La presidenta de la sala le ha indicado al notificarle el mandato que los delitos por los que está inculpado en España podrían suponerle una pena máxima de 12 años de cárcel.
Se ha programado una nueva audiencia sobre esta demanda española el próximo 25 de septiembre.
El etarra, natural de Pamplona de 45 años, salió en libertad el pasado abril al cumplir la pena de cinco años que la justicia francesa había dictado contra él.
El Tribunal Correccional de París que lo sentenció no le impuso, como hace con muchos miembros de la banda de nacionalidad española, la expulsión definitiva de Francia, que habría significado su entrega a las autoridades españolas.
La corte tuvo en cuenta sus vínculos familiares en Francia: sus hijos viven y están escolarizados en el País Vasco francés.
Pla fue capturado el 22 de septiembre de 2015 en Saint Étienne de Baigorry, en el País Vasco francés, con Iratxe Sorzábal.
Los dos formaban parte de la delegación que, junto con el histórico dirigente José Antonio Urrutikoetxea, Josu 'Ternera', intentó negociar en Noruega entre 2011 y 2013 con el Gobierno español.
Pla y Sorzábal se cruzaron este miércoles en la audiencia ante la sala de instrucción y se intercambiaron saludos a distancia.
Ella, que se encuentra encarcelada cumpliendo varias penas, ha comparecido por una demanda española por su presunta implicación en el atentado contra el aeropuerto de Alicante el 29 de julio de 1995, que causó daños materiales pero no víctimas.
Los jueces se pronunciarán sobre la entrega a España de Sorzábal también el 25 de septiembre.
Esa misma sala de instrucción ya dio luz verde el pasado septiembre a otras dos demandas de extradición españolas contra Sorzábal por sendos atentados, uno en Irún en 1995 y otro en Gijón en 1996.
Esas decisiones fueron confirmadas más tarde por el Supremo francés, pero su abogada ha llevado esos casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
