Los magistrados hacen pública la sentencia que impide a los acusados ejercer cargos públicos en todos los ámbitos.
La Audiencia Nacional ha considerado "válida y fundamental" la confesión de los 35 miembros de la reconstruida Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) para imponerles penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación por un delito de integración en organización terrorista.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha hecho pública este jueves la sentencia de conformidad dictada como consecuencia del pacto alcanzado entre la Fiscalía de la Audiencia Nacional y las acusaciones populares, ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia.
Los magistrados condenan a penas que oscilan entre un año y medio y dos años de prisión e inhabilitación, impidiendo a los acusados ejercer cargos públicos de ámbito municipal, provincial, estatal y europeo durante el tiempo que duren sus condenas.
"La prueba fundamental celebrada en el juicio que se tiene por válida y eficaz a los efectos enervatorios de la presunción de inocencia es la confesión por parte de los acusados en los términos realizados", señalan los magistrados Concepción Espejel, Julio de Diego y José Ricardo de Prada.
En ese pacto, los acusados reconocieron haber sido "instrumentalizados" por parte de ETA como sostenía la acusación y que sus actuaciones habían sido "contrarias a la legalidad vigente". Mostraban su "compromiso con la renuncia a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, queriendo que este reconocimiento contribuya a la reparación a las víctimas del terrorismo por el daño y sufrimiento que se les ha causado".
Las condenas de los procesados, que inicialmente se enfrentaban a sendas penas de diez años de prisión, quedaron reducidas con la atenuante de dilaciones indebidas, al haber transcurrido más de cinco años desde el escrito de acusación hasta el inicio del juicio, que comenzó el pasado 3 de diciembre con casi un año de retraso por la detención de tres abogados de los acusados en la operación 'Mate' contra el frente de cárceles de ETA.
PENAS DE PRISIÓN E INHABILITACIÓN
En concreto, Haizpea Abrisketa, Jesús María Aguirre Arruabarrena, Egoitz Apaolaza Goena, Alazne Arocena Oruezabala, Karmele Berasategui, Nekane Erauskin, Antón Gómez Lorente, Ignacio Olalde Arana y Juan Carlos Ramos Sánchez han sido condenados a un año y medio de cárcel más su respectiva pena de inhabilitación especial.
Por su parte, el tribunal ha impuesto a Nuria Alzugaray, Aitor Aranzabal, Karmele Aierbe, Iñigo Balda, Pernando Barrena, Gorka Díaz, Mikel Etxaburu, Maite Fernandez de la Bastida, Inocencia Galparsoro, Peio Asier Imaz, Eusebio Lasa, Aurore Martin, Patxi Urrutia y Joseba Zinkunegi la pena de inhabilitación y prisión durante un año y ocho meses.
Las mayores penas, de dos años de cárcel con su respectiva inhabilitación, han recaído sobre Marisa Alejandro, Angel Mari Elkano, Marije Fullaondo, Jon Garai, Gorka Etxeberria, Aner Petralanda, Juan José Petrikorena, Joana Reguerio, Arantza Santesteban y Mikel Zubimendi.
A la salida de la Audiencia Nacional, el portavoz de Sortu Pernando Barrena, uno de los firmantes del pacto, subrayó la apuesta de todos los acusados por "la exclusividad de las vías políticas y democráticas para alcanzar cualquier objetivo político" y destacó que el objetivo del acuerdo era lograr que los imputados "no volvieran a ingresar en prisión".
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Las penas impuestas son ligeramente superiores a las que el Tribunal Supremo impuso a 20 miembros de la ilegalizada Batasuna, entre los que se encontraban Rufi Etxeberria y Joseba Permach, que alcanzaron el año y diez meses de prisión por financiar a ETA y sus organizaciones satélite a través de las 'herriko tabernas'.
Los magistrados consideran así probado que los acusados se encargaron de contribuir a la estrategia de ETA para lograr que ésta pudiera mantenerse en las instituciones, tras la ilegalización de Batasuna, a través de los diferentes procesos electorales celebrados entre 2005 y 2009.
Destacaron la "sumisión" de esas formaciones políticas a las directrices marcadas por ETA y Batasuna, que giraban entorno a la constitución de "tres formas de lucha", la política-institucional, la lucha de masas, y la lucha armada.
