El tribunal ha propuesto un indulto parcial a la pena al considerarla "excesiva" y podría rebajarla a dos años de prisión y tres de inhabilitación absoluta.
La Audiencia de Zaragoza ha condenado a tres años y tres meses de prisión, 6 años de inhabilitación profesional y una multa de 3.780 euros por un delito continuado de revelación de secretos a la enfermera que consultó sin autorización el historial médico de una amiga con la intención de divulgar información comprometida sobre la afectada.
Las dos amigas habían mantenido una excelente relación desde niñas, llegando incluso a vivir juntas en Zaragoza durante varios años, pero cuando la denunciante contrajo matrimonio la relación entre ambas se enfrió, propiciando los hechos arriba descritos.
El desencadenante, no obstante, no llegó hasta marzo de 2017, cuando ambas se encontraron paseando por una calle y la acusada, Sara Pui, le dijo a su amiga que su marido le había "lavado el coco" y que era un "cobarde y un sinvergüenza".
No conforme con ello, como recuerda el tribunal, la ahora condenada le dijo a la otra mujer que “iba a desvelar información médica a la que tenía acceso por su profesión”.
Además, cabe señalar que la acusada también se había presentado días antes en casa de su amiga para insultar a su familia, aunque hasta entonces esta había preferido no denunciar a Sara Pui.
Fue en ese momento cuando la afectada, temerosa de que la enfermera cumpliera con sus amenazas, decidió denunciar los hechos en comisaría.
La sanitaria, que trabajaba en el centro de salud Delicias Sur de Zaragoza, confesó en la fase de instrucción del caso y en el juicio que, efectivamente, se aprovechó de su condición de enfermera para acceder al historial de su hasta entonces amiga.
Por tanto, según confirma la sentencia condenatoria, actuó sabiendo que aquellos datos eran de carácter confidencial y sin previa autorización.
El tribunal, no obstante, ha propuesto un indulto parcial a la pena al considerarla "excesiva" y al no poseer la acusada antecedentes y hallarse su conducta "en el estándar menos grave": “No consta que alterara los datos (del historial médico) o los utilizara", señalan.
Así, consideran que el Consejo de Ministros podría rebajarla a dos años de prisión y tres de inhabilitación absoluta. En cualquier caso, la defensa todavía podría recurrir la condena ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
