El Ministerio Público ha retirado en sus conclusiones definitivas la acusación al considerar que no existen las pruebas necesarias para exponer al sacerdote a una posible condena.
La Fiscalía ha pedido este martes la libre absolución del único procesado por el conocido como caso Romanones, el padre Román, para el que pidió nueve años de cárcel por un abuso sexual continuado con acceso carnal a un menor, frente a los 26 años de cárcel que mantiene para el cura la acusación particular.
La Sección Segunda de la Audiencia de Granada ha celebrado durante más de cinco horas la última sesión de esta causa de abusos sexuales que se inició cuando un joven que ahora tiene 27 años denunció los presuntos hechos, sobre los que llegó a pronunciarse el Papa Francisco, en conocimiento de la Fiscalía andaluza en 2014.
Tras nueve sesiones, el Ministerio Público ha retirado en sus conclusiones definitivas la acusación al considerar que no existen las pruebas necesarias para exponer al sacerdote a una posible condena y en defensa de la presunción de inocencia.
ACCEDER A LA VERDAD
El fiscal encargado de la causa, Francisco Hernández, ha explicado que "no hay manera de acceder a la verdad sin hacer daño" y ha dicho que pese que "hemos creído hasta este momento" al denunciante, al que ha deseado la mejor de las suertes en su vida, debe retirar los cargos contra el sacerdote.
Tras el final del juicio, que ha quedado visto para sentencia, Hernández ha apuntado a preguntas de los periodistas que no han sido nueve días de vistas innecesarios porque el proceso judicial responde a la búsqueda de la verdad y al derecho del procesado a defender, públicamente, su inocencia.
"No solo juzgamos a una persona, también todo el sistema de garantías", ha subrayado el fiscal, que ha recalcado que la petición de una sentencia absolutoria se ha acordado de manera colegiada.
"Sin la penetración anal no hay juicio, porque los hechos estaban prescritos en la fecha de la denuncia", ha argumentado el Ministerio Público, que ha apuntado que el "juego de fechas" y el paso de los iniciales "toqueteos" a la penetración impiden considerar probados los hechos.
La acusación particular, que ha ejercido el abogado Jorge Aguilera, sí ha mantenido la petición de 26 años de cárcel por tres delitos de abusos y ha considerado que en estas jornadas de juicio han quedado "absolutamente probados" los hechos.
"DOBLE VICTIMIZACIÓN"
Ha recalcado que no han quedado probados los intereses por los que el joven habría formalizado la denuncia si no se basara en hechos reales y se ha apoyado en pruebas periciales para interpretar que existen argumentos para condenar al sacerdote procesado.
La acusación popular que ha ejercido Prodeni ha lamentado la "doble victimización" del denunciante que no se verá resarcido con el reconocimiento de los hechos y la representación del Arzobispado, responsable civil subsidiario, ha lamentado que durante todo el proceso se haya mantenido "la mentira" de que no han colaborado.
La defensa del padre Román que ha ejercido el letrado Javier Muriel ha subrayado la "maldad intrínseca" del denunciante, tras lo que ha reafirmado la petición de que pague las costas procesales.
Ha apuntado además que el denunciante buscó con el inicio de esta causa una venganza, afianzarse profesionalmente y dinero, para lo que contó "una película de ciencia ficción" en la que era "todo ilógico".
La defensa del sacerdote ha pedido que la acusación pague las costas por interpretar que el denunciante ha tenido "mala fe procesal" y ha relatado "el infierno" vivido por el procesado y los inicialmente investigados, por lo que ha confiado en que se dicte una "esclarecedora sentencia absolutoria".
Tras nueve sesiones, once investigados iniciales y cerca de medio centenar de testigos y peritos, el juicio ha quedado hoy visto para sentencia con cargos de las acusaciones particular y popular y la retirada de la petición de penas del Ministerio Público.
