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NACIONAL

Más de 300 delincuentes sexuales han intentado trabajar con niños en lo que llevamos del 2019

Los ciudadanos que quieren trabajar con niños deben presentar un Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual al Ministerio de Justicia.

Un niño juega durante una clase
Un niño juega durante una clase. ARCHIVO

Un total de 324 delincuentes sexuales han intentado trabajar en entornos en los que hay menores de edad durante los seis primeros meses del presente año 2019, pero han sido detectados por el Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia.

Desde su puesta en marcha en marzo del 2016, se ha evitado que 2.034 personas condenadas por delitos de esta naturaleza hayan desempañado trabajos que requieren contacto habitual con menores, según los datos oficiales.

Los ciudadanos que quieren trabajar con niños deben presentar un Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual al Ministerio de Justicia, en cumplimiento de la Ley de modificación del sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia y la Ley de Voluntariado, ambas aprobadas en el 2015.

En el año 2016 se emitieron 1.985.551 certificados, de los que 534 dieron positivo por delitos de naturaleza sexual; en el 2017 se expidieron 1.996.658 documentos, 599 de ellos positivos; y en el 2018, 1.994.375, de los que 577 se corresponden con personas condenadas. En lo que va del 2019, este registro ha emitido 1.380.150, de los que han dado positivo un total de 324 expedientes.

Así, desde la puesta en marcha de esta medida hasta este mes de julio del 2019, se han emitido 7,35 millones de certificados, más de dos millares se corresponden a personas que han sido condenadas por delitos sexuales.

El Registro Central de Delincuentes Sexuales obtiene sus datos del Registro Central de Penados y del de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, sin que los órganos judiciales tengan que realizar ninguna inscripción adicional.

A su vez, facilita la información a jueces, fiscales y Policía Judicial para la investigación y persecución de estos delitos, y permite, de manera gratuita y por medios electrónicos, la certificación de los datos inscritos, lo que posibilita al ciudadano acreditar la carencia de delitos de naturaleza sexual o, en su caso, la existencia de los mismos.

"EL REGISTRO ALEJA A DEPREDADORES, PERO ES INSUFICIENTE"

La especialista en políticas de infancia de Unicef Comité Español Almudena Olaguibel señala que esta medida sirve de "filtro" para evitar que las personas condenadas por delitos sexuales trabajen en entornos en los que hay niños, pero advierte de que es "insuficiente".

Olaguibel sostiene que hay que poner en marcha "entornos protectores para la infancia" a través de la legislación y la puesta en marcha del registro de delincuentes, pero también con políticas públicas, enfocadas en la prevención, detección y actuación rápida ante posibles casos de violencia o abusos a menores, y la formación de los profesionales que trabajan para que asuman su responsabilidad en la protección de los niños".

Esta experta subraya también que, para la creación de estos entornos seguros, hay que "hacer partícipes a los niños de su propia protección", enseñándoles a identificar los sentimientos que les provoca un presunto abuso o agresión sexual, a expresarlos y a pedir ayuda.

En la misma línea, la analista jurídica de derechos de infancia de Save the Children, Carmela del Moral, señala que el Registro de Delincuentes Sexuales ha evitado que cientos de condenados se puedan acercar a los niños, pero ha advertido de que es una herramienta de prevención "mínima", pues hay personas denunciadas por delitos de esta naturaleza que pueden pasar este filtro, porque todavía no han sido condenadas.

CONTRATACIÓN MÁS SEGURA

"Hay que tener una cosa clara: quién quiera hacer daño a un niño va a intentar trabajar en su entorno", ha subrayado esta experta. Del Moral apuesta por una herramienta de contratación más segura, la creación de "espacios de salvaguarda" de los menores, con protocolos de detección claros y códigos de conducta y de seguridad que indiquen qué se puede o no hacer con un menor.

Sobre esto último, pone como ejemplo que se prohíba a un profesor, monitor o adulto permanecer con un menor en una habitación cerrada, llevarlo en un vehículo privado, hablar sobre temas sexuales o tener el móvil del niño.

Del Moral subraya la necesidad de contar con un "armazón" de herramientas, políticas y códigos de conducta para prevenir y combatir los abusos sexuales, a través de la Ley de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, que está en fase de anteproyecto y para la que reclama su aprobación "urgente".

La especialista de Unicef Comité Español espera que el proyecto normativo "no se desvirtúe" durante su tramitación parlamentaria, y los grupos políticos "respeten" las líneas rojas y los pasos acordados por la sociedad civil: "Este asunto trasciende del ámbito partidista".


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Más de 300 delincuentes sexuales han intentado trabajar con niños en lo que llevamos del 2019