Los agentes harán controles para informar de las restricciones y recurrirán a la 'ley mordaza' o el Código Penal en casos de gravedad.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán sancionar con la Ley de Seguridad Ciudadana del 2015, la conocida como ley mordaza, y con el Código Penal a quien no cumpla las restricciones fijadas por el Gobierno en aplicación del estado de alarma decretado para hacer frente a la pandemia por coronavirus. Puede haber sanciones administrativas de entre 601 y 30.000 euros, o prisión, pero solo en casos extremos de desobediencia ciudadana.
Según precisan fuentes del Ministerio del Interior, la orden de este domingo que regula los controles policiales en todo el país busca, en un principio, informar a los ciudadanos de las restricciones en sus movimientos: se puede salir de casa para ir a trabajar o a un centro médico, cuidar de una persona dependiente o ir al banco; también para necesidades domésticas como tirar la basura o pasear durante un momento al perro.
Desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska añaden que en ningún caso se articula un régimen sancionar ad hoc, más allá de la legislación vigente, remitiendo a la ley mordaza y al Código Penal. Tampoco se precisa por parte de los ciudadanos que en sus movimientos lleven algún tipo de salvoconducto.
El ministro ha dictado este mismo domingo, horas después del Consejo de Ministros que aprobó el sábado la declaración del estado de alerta, la orden por la que asume el control en última instancia de las policías autonómicas y locales, además de Policía y Guardia Civil. También hace lo propio con la seguridad privada. Para ello, ha creado un Centro de Coordinación Operativa.
Los policías, según las citadas fuentes, podrán recurrir al artículo 36.6 de la ley mordaza, una norma aprobada en el 2015 entre fuertes críticas de la oposición gracias la mayoría absoluta del Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) y que el propio ministro Grande-Marlaska ha prometido que derogará, dentro del acuerdo de gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.
El artículo número 36 regula las infracciones graves, con multas de entre 601 y 30.000 euros, y, en su punto sexto, contempla sanciones por "la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes, o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación".
PENAS DE PRISIÓN
El Código Penal también fija en su artículo número 556 penas de prisión de tres meses a un año o de seis a 18 meses de multa a los que "se resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".
El citado artículo del Código Penal remite igualmente al artículo número 550, que regula el delito de atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y la desobediencia.
En este caso se incluye también "actos de atentado los cometidos contra funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo", con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses, si el atentado fuera contra autoridad, y de prisión de seis meses a tres años, en los demás casos.
La resolución dictada por Grande-Marlaska este domingo indica que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "establecerán dispositivos de seguridad, fijos y móviles, tanto en las vías y espacios públicos como en la red de transporte, y, en particular, en aquellos lugares o franjas horarias que específicamente se puedan ver afectados por las restricciones que se acuerden, para asegurar la observancia de las medidas limitativas de la libertad ambulatoria".
LA NORMATIVA HABITUAL
Fuentes de Interior avisan sobre la difusión de un documento apócrifo con sanciones por tratarse de un bulo, e insiste en que el Real Decreto del estado de alarma "no crea un régimen sancionador ad hoc. "El régimen aplicable es la normativa habitual de todos los días", añaden, antes de insistir en que los agentes actuarán "con diligencia pero, sobre todo, aplicando criterios de proporcionalidad".
En una nota de prensa, Interior ha destacado este domingo por la mañana el llamamiento a la ciudadana para que cumplan con su "deber cívico" de confinarse en casa y limitar los movimientos, con el objetivo de combatir la propagación del virus.
El Centro de Coordinación Operativa creado por el estado de alarma lo presidirá el ministro del Interior y, de forma delegada, el secretario de Estado de Seguridad. Al órgano se convocará de forma telemática y, si es necesario, a representantes de los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza o la Policía Foral, según precisan las fuentes de Interior.
Además, cada uno de los cuerpos policiales tiene que dictar ahora su propia orden de servicio para cumplir con las directrices de Grande-Marlaska y del estado de alarma declarado ante el avance del coronavirus.
