El diputado regionalista Iñigo Alli ha defendido la necesidad de velar por este derecho porque "tenerlo y no ejercerlo es como un muerto civil".
El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes, por unanimidad, el inicio de la tramitación de la proposición de ley de la Asamblea de Madrid de reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad.
El diputado de UPN Iñigo Alli ha defendido en su intervención la necesidad de hacer efectivo el derecho de sufragio universal para este colectivo, que llega con "32 años de retraso".
Asimismo, el regionalista ha apuntado que "tener un derecho y no poder ejercitarlo es como un muerto civil". Además, ha apuntado que votará sí - los dos escaños de UPN- "como ciudadano, como padre y como político"· "Rotundamente sí", ha aseverado.
¿QUÉ PASOS SEGUIRÁ LA PROPUESTA?
La proposición de ley será ahora remitida a comisión para debatir y votar las enmiendas al articulado que presenten los grupos parlamentarios. El dictamen y, en su caso, las enmiendas y votos particulares que se mantengan vivos se elevarán a Pleno, donde es necesario el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara antes de seguir su tramitación en el Senado.
Los diputados autonómicos Alfonso Serrano (PP) Mónica González (PSOE) y Beatriz Gimeno (Podemos) han sido los encargados de defender esta proposición de ley orgánica, que tiene como objetivo que las personas a las que se les haya limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de su discapacidad queden reintegradas plenamente en el mismo.
La iniciativa legislativa contempla la suspensión de los dos apartados de la Ley que establece que carecen de derecho a sufragio: los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme y los internados en un hospital psiquiátrico, siempre que se indique expresamente la incapacidad para el ejercicio del citado derecho.
Para justificar esta modificación, la Asamblea acude a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que recoge su igualdad ante la ley. Este tratado conmina al Estado a garantizar la posibilidad de votar en las mismas condiciones para este colectivo, entre otras formas de participación política y pública.
