El agente de Burriana (Castellón) contactaba con menores que se encontraban en una situación de precariedad económica o contaban con historial delictivo
La sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a un policía local de Burriana (Castellón) a 61 años y 6 meses de prisión por varios delitos de abuso sexual y prostitución y corrupción de menores, así como a pagar multas por valor de 48.600 euros. El agente contactaba con menores que se encontraban en una situación de precariedad económica o contaban con historial delictivo, a los que prometía mediar en los asuntos policiales y/o judiciales.
Asimismo, la sentencia condena al agente a la inhabilitación absoluta por un periodo de 54 años y a indemnizar a las víctimas con 125.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños psíquicos y morales que sufrieron.
El acusado, que ha sido absuelto del delito de agresión sexual con acceso carnal del que había sido acusado, también ha sido condenado a cumplir medida de libertad vigilada por un tiempo de diez años una vez extinguidas las penas de prisión.
La sentencia acredita como probado que entre 2007 y 2014 el acusado se valió de su condición de agente de la Policía Local de Burriana para, directamente o a través de terceras personas, contactar con menores de entre 14 y 16 años que se encontraban en una situación de precariedad económica o contaban con historial delictivo, a los que prometía mediar en los asuntos policiales y/o judiciales.
Así mismo, según la sentencia, el acusado pagaba a los menores cantidades de dinero que oscilaban entre 20 y 50 euros y les amedrentaba con entorpecer sus procedimientos judiciales para así mantener relaciones sexuales con ellos. Los menores no oponían resistencia física ante el temor a las posibles consecuencias.
DIFERENCIA DE EDAD
La sala destaca que entre el acusado y las víctimas había una "notable" diferencia de edad, con el inevitable desnivel de madurez sexual entre éste y los menores; así como el déficit en la formación de personalidad de los menores, procedentes de familias desestructuradas y sin nivel educativo adecuado, "que los hace más vulnerables a la sugestión de terceros".
Además, la sentencia se refiere a la difícil situación económica de las familias de las víctimas, incluso la vida en la calle de algunos de los menores, lo que tenía que ser un "obstáculo" a la satifacción de los deseos de consumo, incluso modestos, de cualquier adolescente.
También señala que la situación problemática policial/judicial en la que se encontraban las víctimas, algunas ingresadas en instituciones de reforma, unido a la situación de superioridad derivada de la condición de policía del acusado, supuso para los menores un "atenazamiento" de su capacidad de autodeterminación en el ámbito sexual para no contrariar al procesado.
Finalmente, el tribunal destaca la entrega de dinero o el ofrecimiento de trabajo para mover la voluntad "fácilmente manipulable" de los menores, que otorgaban su consentimiento "con voluntad claramente disminuida"
