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Indignación entre las víctimas de ETA por el acercamiento de un terrorista condenado a 110 años de cárcel

AVT ha exigido explicaciones al Ministerio del Interior por su promesa de que los acercamientos no afectarían a reclusos con delitos de sangre.

Imagen de archivo del etarra Sergio Polo, condenado a más de 100 años de prisión. EFE
Imagen de archivo del etarra Sergio Polo, condenado a más de 100 años de prisión. EFE  

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado el traslado del asesino etarra Sergio Polo, condenado a 110 años de prisión por matar en 1995 al militar Luciano Cortizo, a espaldas de las víctimas y a pesar de la promesa de que los acercamientos no afectarían a reclusos con delitos de sangre.

En un comunicado, la AVT exige explicaciones al Ministerio del Interior por este acercamiento que se realizó en octubre desde la cárcel de Almería a la de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) por motivos de salud.

Desde Instituciones Penitenciarias señalan a Efe que no se informó a las víctimas de este traslado al entender que no se trata de un acercamiento al País Vasco, ya que la prisión manchega dista más de 600 kilómetros de Euskadi.

En opinión de las víctimas, esos motivos tan graves de salud no fueron suficientes para eximirle de acudir al juicio que se celebró el pasado mes de octubre por el asesinato del militar ni tampoco para mostrar síntoma alguno de arrepentimiento, colaboración con la justicia o compasión con las víctimas".

La Audiencia Nacional le condenó a 110 años de cárcel al considerar acreditado que colocó el 22 de diciembre de 1995 en León una bomba lapa en el coche del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, que, al estallar, le causó la muerte y heridas graves a su hija.

Polo, que integró varios comandos de ETA y fue detenido en marzo de 1999 en las inmediaciones del campo de fútbol de Anoeta, ha sido condenado también por su participación en al menos otros dos atentados con resultado de muerte.

Además del traslado de este etarra, la AVT exige explicaciones por otros dos movimientos realizados en los últimos meses. Se trata de María Lizarraga e Íñigo Gutiérrez, que son pareja y que, según Prisiones, han sido trasladados desde al prisión de Alicante a la de Valencia porque van a ser padres y en el centro penitenciario alicantino no existe una unidad de madre.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT) ha pedido explicaciones al Ministerio del Interior por los traslados de presos de la banda terrorista ETA "sin comunicación" a las mismas.

En un comunicado la FVT señala que ha tenido conocimiento del traslado de tres presos de ETA que, "pese a que se realizaron entre los pasados meses de octubre y noviembre, no se ha producido ninguna notificación ni a esta fundación ni al resto de asociaciones de víctimas del terrorismo".

"Esta ocultación contraviene el compromiso de transparencia informativa asumido por el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska", agrega la FVT.

UN CENTENAR DE ETARRAS PIDEN PASAR AL 2ª GRADO

Según ha informado el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, cerca de 100 presos etarras están aceptando la legalidad penitenciaria y pidiendo su clasificación a segundo grado, además de participar en programas de tratamiento y en tareas dentro de las cárceles.

En la actualidad 232 terroristas etarras cumplen condena en prisiones españolas, la mayoría de ellos -alrededor de 180- en primer grado, mientras que unos 30 están clasificados en segundo o régimen ordinario y dos en tercer grado o semilibertad, además de otros seis que aún están sin clasificar.

De los que se encuentran en primer grado, unos 100 recurren esta clasificación por entender que ya están aceptando la legislación, un proceso que Ortiz reconoce a Efe que se está desarrollando "con absoluta normalidad".

Como también los traslados a cárceles más cercanas al País Vasco y Navarra de presos que cumplen los requisitos tras estudiar su caso y circunstancias como el tipo de delito, el tiempo que les resta de condena, si han comenzado a pagar la responsabilidad civil o si rechazan la violencia.

Hasta ahora se han producido 21 traslados -dos de ellos de presos del GRAPO- después de que hayan sido clasificados en segundo grado y con el aval de las juntas de tratamientos y el juez de vigilancia penitenciaria según los casos.

"La mejor noticia es que no hay noticia. Los traslados se están haciendo con estudios individualizados y antes de hacerlos públicos se comunica a las víctimas, a las que se informa antes que a nadie", enfatiza Ortiz.


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