Si llega la petición del Supremo, será trasladada a la Comisión de Suplicatorios para que la estudie.
El Senado va a reenviar al Tribunal Supremo el escrito que ha recibido del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia en el que pregunta por la condición de senadora de Rita Barberá, al entender que debió enviarlo directamente al alto tribunal para conocer si la exalcaldesa está o no aforada.
El vicepresidente primero de la Mesa del Senado, Pedro Sanz, ha explicado que "no corresponde al Senado contestar" al juzgado valenciano, sino que es el Supremo el encargado de ese trámite. El alto tribunal cuenta con la lista actualizada de diputados y senadores puesto que le corresponde a él llevar cualquier causa en la que estos estén implicados.
Por el momento se trata de una cuestión de procedimiento. En los próximos días, el Supremo recibirá el escrito del Senado y tendrá que responderle al juzgado valenciano que, efectivamente, Barberá está aforada. Se trata del juzgado que investiga los casos Imelsa y Taula, que si cree que hay indicios de delito por parte de Barberá, deberá remitir la causa al alto tribunal.
Será entonces, y pueden pasar semanas, cuando el Supremo solicite el suplicatorio al Senado, la retirada temporal del aforamiento para el exalcaldesa, un paso imprescindible para que un parlamentario nacional pueda ser juzgado.
MIEMBRO DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
Si llega la petición del Supremo, será trasladada a la Comisión de Suplicatorios para que la estudie. Este órgano pedirá a Barberá que comparezca para dar explicaciones, aunque no es obligatorio que lo haga, y aprobará después una propuesta a favor o en contra de retirarle el aforamiento. Será el Pleno el que la apruebe definitivamente.
Todos estos trámites pueden producirse con un gobierno ya formado y el Parlamento a pleno rendimiento, pero puede también darse el caso de que la investidura fracase, se disuelvan las Cortes a principios de mayo y se celebren de nuevo elecciones en junio. Sería entonces la Diputación Permanente la que tendría que resolver el suplicatorio, puesto que es el único órgano que funciona en periodo electoral.
Se da la casualidad de que Barberá es miembro de este órgano. Según sostiene el Senado, sólo los componentes de la Diputación mantienen el aforamiento aún con las Cortes disueltas, por lo que sería necesario que se aprobara el suplicatorio.
La exalcaldesa de Valencia ya formó parte de la Diputación Permanente en la pasada legislatura, desde que llegó al Senado tras perder las elecciones municipales de mayo. La oposición censura que el PP blinda de esta manera a Rita Barberá, que prolonga su aforamiento, mientras su partido lo niega puesto que si ha de ser juzgada, recalca, lo será en cualquier caso, sólo que ante otra instancia, el Supremo.
SUPUESTO BLANQUEO
El nombre de Rita Barberá salió a relucir desde el primer momento en el que se destapó públicamente la Operación Taula, a finales del pasado mes de enero, un caso relacionado inicialmente con presuntas irregularidades en contrataciones públicas de la empresa Imelsa, de la Diputación de Valencia; y posteriormente con un presunto delito de blanqueo del PP, por el que han acabado investigadas --imputadas antes de la reforma de la LeCrim-- 49 personas entre concejales, exediles, asesores y exasesores del PP valenciano. El juzgado investiga ambas piezas por separado.
Los investigadores estaban esperando a que terminen de declarar los investigados en la pieza del supuesto blanqueo del PP --los interrogatorios concluyeron este lunes-- para determinar si con sus testimonios, documentos y grabaciones que obran en la causa pueden pedir la imputación de Barberá, Francisco Camps y Gerardo Camps.
Tras estudiarlo, será el fiscal el que tenga que elevar un informe a la titular del juzgado valenciano pidiendo que el procedimiento se remita al Tribunal Supremo al hallar indicios de delito contra personas aforadas. Este paso todavía no se ha producido, aunque sí podría registrarse en los próximos meses, han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del caso.
