El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha acordado el inicio de nuevas diligencias previas sobre los presuntos delitos de fraude de subvenciones, prevaricación administrativa y malversación relacionado con el caso de las contrataciones de los antiguos trabajadores de Delphi, según el auto con fecha de 31 de julio facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El auto destaca que para "no entorpecer y retrasar el curso de la presente causa --encontrándose muy próxima su culminación-- procede acordar la deducción de testimonio de las actuaciones e inicio de una nueva causa" dirigida a la investigación y esclarecimiento de los hechos.
Asimismo, señala el escrito que "no es posible acordar o valorar el posible sobreseimiento de las actuaciones respecto de Ángel Ojeda", "estimándose necesario conlcuir la instrucción con la práctica de diligencias que se indican en la presente resolución".
Conviene recordar que el objeto de las actuaciones lo constituye la presunta ilicitud de las supuestas --"en realidad, simuladas"-- contrataciones de antiguos empleados de Delphi. En este sentido, Ojeda y otros investigados habrían realizado una "subcontratación y facturación fraudulenta cruzadas, con el fin de lucrarse mediante la desviación de cantidades concedidas por la Junta a modo de subvenciones para financiar dichas contrataciones".
"De igual modo, añade el auto, constituye el objeto del procedimiento la ilícita creación de un sistema dirigido a la creación de conceptos ficticios que permitiesen el desvío de fondos de las subvenciones concedidas --también en el marco del denominado 'Dispositivo Delphi'-- mediante una doble facturación fraudulenta de los docentes a través de la entidad Sepro, vinculada al grupo Prescal", administrado por el exalto cargo del gobierno andaluz.
En relación con esto último hay varios expedientes de subvenciones "vinculados a tales hechos delictivos", aclara el instructor del caso en su resolución, al tiempo que destaca que los juzgados de Algeciras y Cádiz abordaron este asunto.
