En concreto está acusado de ser el primer responsable en una trama delictiva para el cobre de comisiones ilegales.
El mayor caso de corrupción en el País Vasco, el 'caso De Miguel' sigue adelante, esta vez con un escrito de acusación por parte de la Fiscalía.
El fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, pide para Alfredo de Miguel, número dos del PNV en esa localidad, una pena de prisión de 54 años, 11 meses y 15 días por los 21 delitos que cometió. En concreto está acusado de ser el primer responsable en una trama delictiva para el cobre de comisiones ilegales.
Tal y como recoge El Mundo, las acusaciones incluyen el cohecho, el tráfico de influencias, el blanqueo de capitales, la malversación de caudales públicos o la falsificación de documentos mercantiles. Además, la Fiscalía solicita que a De Miguel que deposite una fianza de 25 millones de euros por estos hechos, amén de peticiones de multas e inhabilitación.
La trama se descubrió cuando se llevó a cabo la ampliación del parque tecnológico de Miñano donde se detectaron los hechos. Una empresaria, Ainhoa Alberdi, denunció con 24 grabaciones ante la Fiscalía que De Miguel y otro dirigente del PNV, Aitor Tellería (31 años y 4 meses de cárcel se piden para él), le exigían una comisión tras adjudicarle a su empresa Urbanorma Consulting una contrata de asesoría.
El ministerio público tiene claro, según apunta El Mundo, que las pruebas han dejado claro que el político del PNV "reclamó a ésta explícitamente el pago de una cantidad en concepto de comisión de en torno a 100.000 euros" y que incluso "presionó" a su padre para que hiciese ver a su hija que tenía que 'pasar por caja'.
A partir de ahí describe otra serie de operaciones ya adelantadas durante los cinco años largos de investigación por El Mundo y que tuvieron siempre un fin recaudatorio.
