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Okupas en palacio: cuando la complicidad con los radicales explotó en las narices de Barkos y Asirón

Las llamadas al orden por parte de la Justicia, la filtración de un acuerdo para realojar a los radicales y las reiteradas denuncias acabaron por obligar al cuatripartito a actuar.

Varias imágenes de las reiteradas okupaciones por parte de radicales abertzales en el Palacio del Marqués de Rozalejo, junto con fotografías de los incidentes de protesta causados en Pamplona y una visita del alcalde Asirón a la plaza de Navarrería, donde se encuentra el edificio. NAVARRA.COM
Varias imágenes de las reiteradas okupaciones por parte de radicales abertzales en el Palacio del Marqués de Rozalejo, junto con fotografías de los incidentes de protesta causados en Pamplona y una visita del alcalde Asirón a la plaza de Navarrería, donde se encuentra el edificio. NAVARRA.COM  

El resurgir del movimiento okupa en la capital navarra llegó a su auge en septiembre de 2017, cuando los radicales afines a la izquierda abertzale tomaron por la fuerza el Palacio del Marqués de Rozalejo y lo convirtieron en símbolo del desacato y la insubordinación a cualquier legalidad.

Los okupas de Rozalejo se atrincheraron en el inmueble público durante un año y medio, ante la dejadez del Gobierno cuatripartito de Uxue Barkos (Geroa Bai) y con la connivencia del Ayuntamiento regido por Joseba Asirón (EH Bildu).

Las llamadas al orden por parte de la Justicia, la filtración de las intenciones del Consistorio para realojar a los radicales y las reiteradas denuncias por parte de la oposición ante la pasividad de las autoridades acabaron por obligar a Uxue Barkos a poner fin a esta okupación.

El Palacio del Marqués de Rozalejo en 2017, con una pancarta de apoyo a los presos etarras desplegada en sus balcones. ARCHIVO

El Palacio del Marqués de Rozalejo se construyó en 1739 en lo que hoy en día es la Plaza Navarrería de Pamplona. El edificio, un estandarte del barroco, es propiedad del Gobierno de Navarra y se encontraba en desuso.

En 2007, una horda de okupas ya trató de tomar por la fuerza el inmueble y la rápida actuación policial permitió poner fin al intento y detener a 40 personas. Desde entonces, los afines a la izquierda abertzale se empeñaron en los últimos años en convertir su fachada en un altavoz de proclamas proetarras.

Con el movimiento okupa en plena expansión en Pamplona, los radicales retomaron la idea de entrar por la fuerza en el edificio. Diez años después del anterior intento, la okupación se consumó el 3 de septiembre de 2017.

Los jóvenes del entorno abertzale bautizaron el edificio como 'Gaztetxe Maravillas'. "Somos disidentes del sistema", aseguraban en sus primeros días en el edificio, ante la falta de una actuación policial que les frenase.

La consejera de Interior del Gobierno foral, María José Beaumont (Bildu), trató de justificar que la Policía Foral que dirige no interviniese y se limitó a asegurar que "una vez cerrada la puerta (..), no procedía la actuación inmediata", a pesar de que la oposición descubrió que el mismo 3 de septiembre se presentó una denuncia contra la okupación.

Durante meses, tanto UPN, PPN como el PSN denunciaron sistemáticamente la realización de actividades ilegales en el interior del edificio público, como un bar clandestino, y la colocación de carteles y pancartas en favor de los presos de la banda ETA.

A pesar de que el Gobierno foral seguía sin intervenir ni permitir el acceso a su interior, las escasas imágenes que llegaban del interior del palacio constaban que los okupas habían montado un entramado ilegal después de reconstruir el entorno a su antojo, sin ningún tipo de seguridad.

El 17 de agosto de 2018, tras casi un año de okupación, el Gobierno de Navarra enviaba a la Policía Foral para desalojar el Palacio de Rozalejo. No se produjeron detenciones, tan solo 22 personas fueron identificadas.

La marcha de los okupas no duraría mucho. Unas horas después, los radicales abertzales regresaron a Navarrería y tomaron de nuevo el inmueble público, sin que los agentes volviesen a actuar para frenar esta segunda entrada.

Ante la inexplicable falta de actuación del Gobierno de Barkos amparándose a la espera de decisiones judiciales, la Justicia tuvo que pronunciarse públicamente y subrayar que "la tolerancia de la okupación del inmueble" era "responsabilidad exclusiva del titular, el Gobierno".

"No ha querido ejecutar un auto que le reintegraba en la libre posesión del inmueble, siendo esta tolerancia de la actual ocupación y no el archivo de la causa el origen de los riesgos expuestos en el informe", advirtió el titular del Juzgado Nº 4 de Pamplona.

La falta de actuación judicial estuvo a punto de acabar con la dimisión de la consejera María Solana, que en agosto de 2018 sustituía en funciones a su compañera Beaumont cuando los tribunales habían dictado una orden de desalojo.

UPN denunció ante el Tribunal Supremo a la consejera Solana por la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación por omisión y omisión del deber de perseguir delitos, en este caso contra el patrimonio histórico.

Si la querella se hubiera admitido, la política estaba abocada a dimitir como marcaba un nuevo artículo de la Ley del Gobierno de Navarra y su Presidencia, aunque finalmente el caso no llegó a investigarse en Madrid.

Con los okupas campando a sus anchas en el palacio y las primeras urgencias en el cuatripartito al conocer que el asunto se les escapaba de las manos, el primer edil de Bildu en Pamplona optó por proponer su propia solución.

Según adelantó en exclusiva Navarra.com, Joseba Asirón cerró un acuerdo con los okupas de Rozalejo para cederles gratuitamente otro edificio municipal, en este caso el inmueble de Oscus, el antiguo centro Cívico de Navarrería para que los radicales no tuvieran que abandonar la plaza.

La filtración del acuerdo con los okupas echó por tierra el pacto entre Bildu y los abertzales, que se enquistaron aún más en su intento de resistir dentro del Palacio de Rozalejo.

En enero de 2019 y ante el cariz que tomaban los acontecimientos, el Gobierno foral se vio obligado a intervenir y ejecutó un 'desalojo encubierto' con la entrada de la Policía Foral de madrugada bajo el pretexto de que los técnicos pudieran revisar el deplorable estado del edificio.

La ira de los okupas no tardó en desatarse. Tras el desalojo, los radicales trataron de entrar por la fuerza en el Parlamento de Navarra y la Policía Nacional tuvo que frenarles.

Los incidentes con los okupas se repitieron a lo largo de toda la jornada y en los sucesivos días, cada vez con disturbios que causaban más trastornos en Pamplona: desde colgarse de un puente hasta encadenarse a bloques de cemento en las principales avenidas para cortar el tráfico.

La escalada de actos vandálicos tenía como fin una manifestación organizada por las calles del Casco Viejo para reokupar el palacio de Navarrería.

El sábado 19 de enero los okupas marcharon por Pamplona, y a pesar de que la acción ya estaba anunciada, por tercera vez entraron violentamente en el inmueble que había sido tapiado para supuestamente evitar una nueva toma.

Durante aquella madrugada, la Policía Foral escenificó otro desalojo para sacar a los okupas ante un escándalo que acabó por llevar al límite al Gobierno de Barkos y al Consistorio de Asirón.

Esta vez sí, el cuatripartito optó por cerrar a cal y canto el palacio para evitar que la crisis política continuase creciendo. La presidenta del Gobierno foral, lejos de aquellas trabas para que la oposición y los técnicos conociesen lo que sucedía dentro del edificio okupa, acabó reconociendo que los radicales se estaban preparando para atrincherarse.

Los jueces avalaron la actuación policial que permitió el desalojo definitivo, a pesar de que incluso parte de los vecinos y comerciantes del Casco Viejo defendieron a los okupas y calificaron de "okupación policial" el despliegue de agentes en la zona para evitar una nueva entrada en Rozalejo.

"No es la primera vez que sufrimos este tipo de actuaciones por parte del Gobierno foral, siendo en esta ocasión la más prolongada y perjudicial para comercios y vecindario, sufriendo una pérdida económica estimada en unos 20.000 euros diarios", denunciaban algunos comerciantes.

El escándalo de las sucesivas okupaciones de Rozalejo terminó así en febrero de 2019, aunque su repercusión aún sigue coleando y 22 de los radicales que fueron identificados en los altercados se enfrentan a un delito de usurpación de inmueble.

El juicio debía haber comenzado el pasado jueves 9 de mayo, en plena campaña electoral, pero el Gobierno de Uxue Barkos presentó una documentación a última hora que obligó a suspender la sesión hasta otoño.

De esta manera el Ejecutivo del cuatripartito ha logrado paralizar el caso judicial de esta connivencia con los radicales abertzales, para evitar así que lo que se descubra en el juicio pueda 'desalojarles' del Palacio de Navarra en las próximas elecciones.


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