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La decisión más cruel de Asirón: expulsar a cientos de niños de sus escuelas para convertirlas al euskera

Tres años después de la imposición, decenas de familias continúan batallando en los tribunales contra la medida que les obligó a abandonar los centros donde estudiaban sus hijos.

Las familias expulsadas de las escuelas infantiles que el alcalde Joseba Asirón convirtió del castellano al euskera realizan una protesta frente a la fachada del Ayuntamiento de Pamplona. Archivo / IÑIGO ALZUGARAY
Las familias expulsadas de las escuelas infantiles que el alcalde Joseba Asirón convirtió del castellano al euskera realizan una protesta frente a la fachada del Ayuntamiento de Pamplona. Archivo / IÑIGO ALZUGARAY  

La legislatura de Joseba Asirón (EH Bildu) al frente del Ayuntamiento de Pamplona ha estado marcada por las políticas impositivas del euskera en las diferentes áreas municipales.

Las oposiciones municipales, la ordenanza para acceder a un puesto de trabajo en el Consistorio o las subvenciones a compañías y medios de comunicación afines son solo algunas de sus resoluciones más sectarias.

Aunque una de las decisiones más crueles de Asirón en su campaña en favor del euskera llegaba en los primeros compases de legislatura, cuando decidió de la noche a la mañana cambiar el modelo lingüístico de dos escuelas infantiles y expulsar a más de 200 niños que estudiaban en castellano.

Tres años después, las familias que acabaron expulsadas de los centros públicos continúan batallando en los tribunales con el alcalde de Pamplona.

Febrero de 2016. Salió a la luz la intención del gobierno municipal de EH Bildu para cambiar todas las plazas de las escuelas públicas de Donibane y Fuerte del Príncipe y pasarlas de castellano a euskera.

La imposición del euskera no iba a ser gradual, sino que todo el que quisiera seguir en estos centros de 0 a 3 años, incluyendo los niños que habían comenzado su educación en castellano, deberían pasarse al euskera.

La noticia llegaba a tan solo 4 jornadas para el inicio del periodo de matriculación y los padres y madres afectados debían decidir en cuestión de días dónde trasladarían a sus hijos, con los trastornos que supondría para las familias, o si decidían cambiar el modelo de educación que habían elegido para los niños.

Ante la falta de explicaciones o argumentos por parte de los concejales de Bildu, decenas de familias se organizaron para salir a las calles a protestar y denunciar la imposición idiomática ante los tribunales.

Al margen de las familias, los empleados de las escuelas infantiles que realizaban su docencia en castellano también se veían apartados de sus puestos de trabajo trataron de negociar una solución pactada con los partidos políticos.

Tras unas negociaciones frustradas con el cuatripartito municipal de Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e I-E y con el tiempo corriendo en su contra, los padres y madres afectados presentaron un recurso contencioso-administrativo.

Mayo de 2016. Los jueces se pronunciaban por primera vez y daban la razón a las familias expulsadas de las guarderías municipales. Así, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Pamplona paralizó cautelarmente el cambio a euskera de las escuelas infantiles.

Desde ese momento, el alcalde Joseba Asirón y su concejala de Cultura, Maider Beloki, se negó a aceptar la decisión judicial y se lanzó a recurrir la suspensión de su imposición del euskera ante los jueces.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) levantó la suspensión cautelar y los afectados se vieron abocados a cambiar a sus hijos de centro o cambiar su modelo educativo y aceptar el euskera, aunque no se hablase en sus familias.

Las propias familias damnificadas decidieron continuar adelante con lo que creían justo. "La política se utiliza para desmantelar la educación de nuestros hijos en su más tierna infancia", denunciaban, mientras advertían que la consumación del cambio destruía "equipos consolidados de profesionales que habían conseguido un grado de calidad en educación pública".

Paralelamente, los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Pamplona trataron de revertir los cambios y exigir a Asirón que mantuviese la oferta educativa en castellano para las familias que ya habían iniciado su formación en este idioma.

"Esta decisión da la medida del sectarismo y de las obsesiones del alcalde y de los concejales de Bildu, del tipo de personas ante las que nos encontrábamos", denunció la oposición.

"Han sido capaces de expulsar a niños de menos de tres años, de alejar de sus educadoras a pequeños con necesidades especiales, sin dejar a las familias más opción que acudir a los tribunales", criticaron desde UPN y PSN ante las decisiones del cuatripartito.

Diciembre de 2017. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJN acabó por confirmar la nulidad de la imposición euskera y daba la razón a los padres expulsados por el cambio forzoso.

Los jueces reconocían que las plazas vascófonas se multiplicaron de 164 a 408, a costa de suprimir 255 en castellano y castellano-inglés, sin que el Consistorio tuviera competencia para ejecutar una modificación sustancial que sólo podría realizar el departamento de Educación.

Las familias ganaban la última batalla judicial y pedían a Asirón que no recurriese la sentencia "malgastando el dinero público en causas perdidas". Los padres y madres lamentaron que "el Ayuntamiento no fuera capaz de escuchar cuando todavía estábamos a tiempo de evitar la vía legal ni ha sido capaz de reconocer el daño infringido a las familias y educadoras afectadas con su gestión".

Enero de 2018. Asirón no estaba dispuesto a encajar el varapalo judicial. El Ayuntamiento de Pamplona volvió a emplear dinero público para recurrir de nuevo la sentencia y llevarla esta vez hasta el Tribunal Supremo.

Tres años después de comenzar el calvario judicial, los niños que fueron expulsados de las escuelas municipales ya han abandonado esta etapa o están a punto de pasar a Educación Infantil, pero sus familias siguen a día de hoy pagando de su bolsillo el precio de batallar judicialmente contra la imposición del Ayuntamiento.

En su empecinamiento a favor del euskera, el alcalde Joseba Asirón ha consumado el más claro ejemplo de cómo las instituciones pueden tergiversar su razón de ser para, en vez de facilitar la vida de sus vecinos, convertir su día a día en un calvario.

A pesar de que los jueces les han dado la razón, la justicia llegará tarde para estas familias mientras el Ayuntamiento ha manejado los tiempos, y los recursos públicos.


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