Colaboradores

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus consellers, Artur Mas y un grupo de diputados soberanistas acompañaron a la presidenta del Parlament cuando fue a declarar ante el Tribunal Superior en una escena, no por vista en otras ocasiones, menos lamentable. 

Y esto es así porque no se respeta el estado de derecho cuando no hay consecuencia alguna por impedir una charla de Rosa Díez o Felipe González, lo mismo que cuando los currículos educativos cambian atendiendo a fines políticos y no a los designios de las reales academias o cualquier otra situación cotidiana, pues mires donde mires, el estado de derecho ha sido sustituido por la arbitrariedad.

Los últimos ejemplos los hemos visto, este domingo, en Italia y Austria. Pero antes, en Gran Bretaña, que ha dado lugar al Brexit o en Estados Unidos, donde la nación más grande del mundo se ha partido en dos.

El fallecimiento de Fidel Castro ha coincidido en el tiempo con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos que será efectiva el próximo mes de enero.

Parece que el PSOE está haciendo hoy, con un año de retraso, lo que debió hacer tras las elecciones generales del pasado mes de diciembre: dialogar.

El Gobierno tiene muchos problemas sobre la mesa, algunos de ellos estructurales, como el paro, que tardarán años en arreglarse, y otros simplemente urgentes, como el ajuste presupuestario que exige Bruselas, ineludible debido a los compromisos de un país como España, parcialmente rescatado.

La ética es un sendero angosto y muy exigente que muy pocos políticos parecen dispuestos a recorrer. La política no puede reducirse a una aristocracia que espera las oportunidades, ya sean democráticas o alevosas, para obtener el poder que esperan con ávido deleite mientras la ciudadanía queda reducida a la condición de electores o militantes bien disciplinados.

Comentaba con cercanos que estaba encantado de que el Día de Navarra cayese en sábado y coincidiera con mis colaboraciones porque iba a poder felicitar a los navarros. 

Es legítimo establecer impuestos y es necesario combatir el fraude fiscal pero cuando el Gobierno quiere limitar a mil euros el pago en efectivo de cualquier bien o servicio está entrando en una esfera que roza el derecho de los ciudadanos a disponer libremente de sus recursos.