Es la hora del artículo 155, es la hora de defender la democracia

Tarde y mal. Es como se acostumbra a hacer las cosas en España, y el Gobierno presidido por Mariano Rajoy no es una excepción a la regla. 

Tarde y mal. Es como se acostumbra a hacer las cosas en España, y el Gobierno presidido por Mariano Rajoy no es una excepción a la regla. El desafío independentista ya no es desafío sino realidad desde que el pasado 10 de noviembre el Parlamento de Cataluña votara abiertamente desobedecer las leyes que nos amparan y romper unilateralmente con la Constitución que aprobamos todos los españoles.

Lo más lamentable de este atropello democrático es que no ha pillado a nadie por sorpresa. El golpe de Estado que los nacionalistas han perpetrado en Cataluña (hay que llamar a las cosas por su nombre y, aunque sin armas, se ha producido una rebelión contra el Estado democrático) era perfectamente evitable si este gobierno hubiera tomado las medidas oportunas en el momento oportuno.

Pero existe en España un cierto complejo absurdo, quizá debido a lo imberbe de nuestra democracia precedida por una larga dictadura franquista, por el cual se considera una medida desproporcionada y represiva el simple hecho de aplicar la ley precisamente para salvaguardarla y sin embargo saltarse la ley es visto como una postura ideológica respetable.

Por supuesto que los sucesivos gobiernos llevan arrastrando el mismo complejo durante años. Después de tantos años intentando "contentar" a  los independentistas con privilegios y concesiones, ha llegado la hora de asumir que el nacionalismo es insaciable.

El Gobierno debe aplicar ya el artículo 155 de la Constitución, lo cual no significa como tan interesadamente se cacarea, suspender la autonomía de Cataluña. La aplicación de este artículo supone que el Gobierno "podrá adoptar las medidas necesarias para obligar" a la comunidad en cuestión al "cumplimiento forzoso" de las obligaciones eludidas. Y este artículo se activa si la comunidad "no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan" o en el caso que actúe "de forma que atente gravemente el interés general de España". Es decir, lo que está ocurriendo a día de hoy en Cataluña.

Rajoy debe empezar a ganarse el sueldo que todos le pagamos y aplicar el artículo 155 en vez de pasarle la patata caliente al Tribunal Constitucional. El portavoz de UPyD, Andrés Herzog, pidió esto mismo al presidente del Gobierno en la reunión que mantuvo con él en la Moncloa. UPyD ya instó al Gobierno a utilizar este artículo hace un año cuando Mas acabó celebrando el referéndum ilegal. Sin duda hoy no estaríamos en la situación actual de haberse aplicado, pero falta como siempre, voluntad política.

Además la aplicación de este artículo tampoco excluye el delito de conspirar para la sedición por lo que UPyD ha presentado también una querella criminal contra los firmantes de la declaración.

Por cierto, no hay nada más progresista que defender a los ciudadanos catalanes de un gobierno despótico que se cree por encima de la ley.

Pero hay también otros asuntos como la distribución competencial, que tiene que ver con la raíz del problema y que debemos revisar. La Educación, entre otras, debe volver a ser competencia del Estado. Aunque la gestión la puedan ejercer las comunidades autónomas, la ley debe ser igual para todo el país. No puede ser que esta competencia siga en manos de los nacionalistas, quienes llevan décadas adoctrinando a los niños en la mentira y el desprecio a lo común.

Lo preocupante de todo este asunto es que PP, PSOE y Ciudadanos están preocupados por la foto pero no dispuestos a llevar estas medidas adelante. Todo apunta a que pretenden, a la vieja usanza, volver a privilegiar al nacionalismo con el objetivo ya frustrado de contentarlo: sobrevuela la posibilidad de conceder un régimen fiscal propio para Cataluña, ahondado en la desigualdad entre españoles.

El problema no es que haya catalanes nacionalistas que quieran la independencia, lo cual es normal en una democracia plural. Lo grave es que se incumpla la Constitución y la ley con total impunidad para conseguir dicho objetivo respetable. La Constitución Española se puede modificar (de acuerdo a los mecanismos establecidos) pero no se puede incumplir. Porque sin ley no hay democracia, y eso es lo que está en juego: La propia democracia.

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