Un decreto ilegal sobre el euskera para Navarra

El decreto pretende que se otorgue el mismo tratamiento a la lengua vasca en todas zonas de Navarra, algo que no se ajusta a la realidad sociolingüística de la Comunidad foral.

Adolfo Araiz charla con Bakartxo Ruíz de EH Bildu mientras la Presidenta Uxue Barkos accede a su asiento. PABLO LASAOSA
Adolfo Araiz charla con Bakartxo Ruíz de EH Bildu mientras la Presidenta Uxue Barkos accede a su asiento. PABLO LASAOSA

El Gobierno de Navarra pretende aprobar un decreto foral sobre el uso del euskera que no se ajusta a la legalidad. Así lo constata el Consejo de Navarra, un órgano consultivo, que considera que el euskera está claramente sobrevalorado en las pruebas de acceso a la Administración. El Ejecutivo de Uxue Barkos ya se ha apresurado a advertir que el citado informe no es vinculante y, por tanto, a buen seguro que harán caso omiso del mismo.

En su desaforado interés por euskaldunizar a la sociedad navarra, el Gobierno del cuatripartito no vacila a la hora de usar la lengua y los símbolos -la ikurriña- como estiletes en su intento de homogeneizar Navarra con la Comunidad Autónoma Vasca.

El decreto pretende que se otorgue el mismo tratamiento al euskera en todas zonas de Navarra, algo que no se ajusta a la realidad sociolingüística de la Comunidad foral, con el objetivo de que sólo las personas con conocimiento de este idioma puedan acceder a los puestos de trabajo de la Administración.

Este Gobierno no da puntada sin hilo. Todas las actuaciones están cortadas por el mismo patrón: la potenciación del nacionalismo vasco. Para ello, entre otras muchas medidas, tenemos la lista única en Educación, las ayudas a los medios de comunicación afines con el arbitrario reparto de la publicidad institucional, la subvención a la vuelta ciclista al País Vasco para que haga parada y fonda en Navarra, la paralización del programa de aprendizaje en inglés (PAI), la derogación de la ley de símbolos y, esta misma semana, el apoyo a las autoridades rebeldes catalanas en su desafío a la legalidad constitucional.

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