La Constitución contra la rebelión independentista

Rajoy debe dejar de escudarse tras la acción de la justicia y tiene que aplicar el artículo 155 de la Constitución, que prevé la intervención de una comunidad autónoma, tras constatar el golpe a la democracia asestado por el Gobierno de Puigdemont.

Puigdemont y Rajoy, durante una comparecencia conjunta en Barcelona en agosto. EFE.
Puigdemont y Rajoy, durante una comparecencia conjunta en Barcelona en agosto. EFE.

El lamentable espectáculo vivido este 1 de octubre con el seudoreferéndum ilegal, con un gobierno autónomico saltándose, una vez más, la legalidad vigente debe tener una contundente respuesta desde el Estado de derecho. Ni Carles Puigdemont ni el resto de su ejecutivo pueden estar ni un día más al frente de la Generalidad. Una democracia que se precie no puede permitir que un gobierno autonómico se sitúe al margen de la legalidad vigente.

De los posibles delitos cometidos por la convocatoria ilegal ya se encargarán los jueces de instruirlos, juzgarlos y, en su caso, condenarlos. Los tiempos de la justicia son distintos a los de la política y, a su ritmo, pero de forma inexorable, todos los comportamientos supuestamente delictivos, incluida la posible inacción de los Mossos, serán convenientemente enjuiciados. No habrá impunidad judicial. La maquinaria de la justicia, una vez puesta en funcionamiento, es imparable.

Pero el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no debe escudarse detrás de la armadura de los jueces y fiscales. Anoche Puigdemont avanzó que, con toda probabilidad, el Parlamento de Cataluña proclamará la independencia esta semana. Ante esta tesitura, el Gobierno de España no tiene más opción que la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

“Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”, dice.

Si ante esta manifiesta rebelión, si ante este golpe al Estado por parte de los dirigentes independentistas no se hace uso de este precepto, el Gobierno estará protegiendo a rebeldes y sediciosos. No hay negociación posible con quienes han dinamitado el Estado de derecho en Cataluña, unos dirigentes que en su irresponsable huida hacia el abismo han abocado este 1 de octubre a la sociedad catalana a una fractura en la convivencia que perdurará décadas.

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