Chantaje permanente al Estado

La sociedad catalana no pude seguir siendo víctima de este proceso plagado de trampas, engaños y falsedades.

Carles Puigdemont comparece en el Palacio de la Generalitat. PABLO LASAOSA 03
Carles Puigdemont comparece en el Palacio de la Generalitat. PABLO LASAOSA 03

El Gobierno de la Generalidad de Cataluña continúa instalado en la ilegalidad, la desobediencia y el chantaje permanente y continuado al Estado español. La ambigüedad calculada en la fórmula escogida este martes por Carles Puigdemont en su seudodeclaración de independencia pretende fundamentalmente lograr dos objetivos, uno personal -eludir la cárcel por un delito de rebelión- y otro general, enquistar el problema con el único propósito de ganar tiempo para intentar internacionalizar el pretendido conflicto político.

La farsa vivida en el Parlamento de Cataluña constata, una vez más, que las principales autoridades catalanas permanecen al margen de la ley, de la Constitución y el Estatut, y siguen desobedeciendo las resoluciones del Tribunal Constitucional.

En esta tesitura, el Gobierno de España no tiene más opción que requerir formalmente al Ejecutivo catalán para que restablezca la legalidad. Rajoy ha dado suficientes muestras de prudencia ante este desafío, ante este golpe al Estado de derecho. Nadie podrá reprocharle haber actuado con precipitación. El sosiego y la calma son sus señas de identidad, pero el flagrante desprecio por las normas legales con esta declaración unilateral de independencia enmascarada merece una respuesta proporcional pero firme.

La sociedad catalana no pude seguir siendo víctima de este proceso plagado de trampas, engaños y falsedades. Los máximos dirigentes independentistas y sus acólitos de organizaciones afines han fracturado la convivencia social y han quebrado las reglas democráticas. Y deben pagar por ello.

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