Un brochazo más para blanquear a ETA

El pasado sábado el Gobierno de Navarra organizó, según la invitación oficial, un “acto de reconocimiento y reparación de las víctimas de actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos”.

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue barkos (d), la presidenta del Parlamento Ainhoa Aznárez (3d) y el presidente de la Federación de Municipios y Concejos, Pablo Azcona ((i) durante el homenaje a víctimas de 'violencia política'. EFE/Villar López
La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue barkos (d), la presidenta del Parlamento Ainhoa Aznárez (3d) y el presidente de la Federación de Municipios y Concejos, Pablo Azcona ((i) durante el homenaje a víctimas de 'violencia política'. EFE/Villar López

Los organizadores no hicieron públicos los nombres de las víctimas antes del acto y la presidenta Barkos se cuidó mucho de pronunciarlos.

En cambio, se dieron a conocer a través de sus familiares allí presentes, que suscribieron una carta y desvelaron que entre las trece personas que el Gobierno había establecido como dignas de reconocimiento, la gran mayoría no eran víctimas de abusos policiales o de la extrema derecha, sino de una amalgama de delitos, algún accidente de tráfico o incluso de circunstancias que aún no se han esclarecido. Desde entonces, la polémica ha pivotado entre dos extremos: que el acto, más que de “reconocimiento”, constituyó un homenaje y que entre los homenajeados había seis miembros de ETA. 

A veces, la línea que separa un acto de recuerdo y un acto de homenaje es muy fina. Covite es un colectivo firmemente partidario del recuerdo, que promueve de forma activa a través de su campaña “Una víctima, una placa”. Con ella hemos colocado placas en San Sebastián y en Bilbao en lugares donde se han cometido asesinatos terroristas, da igual su signo.

En San Sebastián, donde llegamos a colocar 76 placas en una noche, incluimos las de todos los asesinados por ETA, la que llevaba el nombre de la niña Begoña Urroz, víctima del DRIL, y la de María José Bravo, asesinada por el Batallón Vasco Español. Y muy cerca de San Sebastián, en Rentería, colocamos la placa en recuerdo del cartero José Antonio Cardosa, asesinado por los GAL. Todos ellos fueron asesinados por organizaciones terroristas, y por lo tanto de forma injusta, y todos merecen el recuerdo público independientemente de su trayectoria vital. 

Si Covite llegara con su campaña hasta Hendaya, pondríamos una placa con el nombre de Ángel Gurmindo, miembro de ETA asesinado por los GAL cuya familia estuvo presente en el acto organizado por el Gobierno de Navarra. Evidentemente, no avalaríamos su despreciable trayectoria terrorista, sino que recordaríamos que allí se cometió un asesinato terrorista injustificable. La diferencia entre nuestra placa y el acto del Gobierno navarro recae en las fundadas sospechas de que su intención iba más allá de recordar, y que en el fondo pretendía homenajear.

De lo contrario, no se entendería su falta de transparencia para ocultar los nombres de las víctimas, ni que se apresuraran a eliminar el discurso de los familiares de su web, así como cualquier referencia a la palabra “homenaje”. Por una vez, y sin que sirva de precedente, puede que incluso nos una algo al diario Gara, portavoz oficioso de ETA, que también ha dado la consideración de homenaje al acto. 

Con su actitud medida al milímetro para limitar el alcance de las críticas, el Ejecutivo navarro no ha hecho sino enturbiar un poco más su cuestionable actitud frente a la deslegitimación del terrorismo. De su actuación se infiere que se ha servido de un totum revolutum de víctimas para, por un lado, incluir a personas que no han muerto a causa de los abusos policiales ni la extrema derecha, y por otro, igualar su reconocimiento público al de las víctimas del terrorismo, en su enésimo intento de promover una falsa teoría del conflicto con dos bandos enfrentados y al mismo nivel. 

En el fondo, se trata de una cuestión de principios que en buena medida el Gobierno navarro evitaría si diferenciase la violencia terrorista de la practicada por funcionarios de las Fuerzas de Seguridad, no por un supuesto Estado que haya ejercido la violencia ilegítima de forma sistemática. Evitaría el Gobierno navarro estos problemas de credibilidad y de claridad si instase a los miembros de EH Bildu con los que comparten asiento a asumir que asesinar estuvo mal. Hasta que eso no ocurra, sobre cada paso que de este Gobierno en materia de una mal llamada “paz y convivencia” recaerá la sospecha de un nuevo brochazo para blanquear a ETA.

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