Cataluña, los derechos y la ley

Multitudinaria manifestación en Barcelona a favor de los investigados por la Justicia en relación con la celebración del referéndum del 9-N.

El lema de la manifestación ha sido "Por la democracia. Defendamos nuestras instituciones". Piden que a los investigados no se les aplique la ley. Hay que analizar esta afirmación.

En un estado democrático de derecho, no hay democracia fuera del marco de la ley. Las leyes son de obligado cumplimiento y existe la obligación de hacerlas cumplir con la amenaza de sanciones.

Los secesionistas niegan el imperio de la ley porque afirman que antes están los derechos de la gente. Los derechos tienen su origen en las leyes. Y este puzzle al que nos quieren someter es tramposo.

Todas las instituciones de Cataluña, que los manifestantes dicen defender, emanan de la Constitución. Y no pueden moverse contra ella, porque es el origen de todas las leyes y todas las instituciones en Cataluña y en el resto de España.

Conviene no perder de vista estos principios que son, precisamente, los pilares de la democracia representativa. Sin Constitución no hay Estatuto de Autonomía ni Generalitat ni Parlament. Quien rompa esa cadena queda situado al margen de la ley. Y los tribunales, por el imperio de la ley, tienen que sancionar esas conductas.

Toda ley se puede modificar o anular, pero solo utilizando los mecanismos de la propia ley. La Constitución también. Tiene sus procedimientos para poderla cambiar de arriba abajo. Incluso para redactar o aprobar una nueva.

Lo que pretenden los manifestantes y quienes les convocan es que vulnerar la ley no sea penalizado. Parten de la premisa de que la gente está por encima de la ley; tendrían que aceptar su propia medicina. Un referéndum para dejar de pagar impuestos a la Generalitat, seguro que no es aceptado en sus postulados.

Ocurre un problema que no tiene solución. La Constitución consagra que la soberanía del pueblo español radica en las Cortes Generales y es indivisible. Ni siquiera se podría invocar el derecho de autodeterminación en los términos que lo reconoce Naciones Unidas, porque no existe un estado previo colonizado que se pretenda independizar. Los hechos son tozudos y la ley no puede desconocerlos.

Seguirán haciendo trampas para sostener que el llamado derecho a decidir, cuya formulación política ni siquiera existe, está por encima de la Constitución. Pero hay que contestar que quien quiere burlar la ley no es independentista. Sencillamente no es demócrata.

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