Cataluña autoexperimenta la autodeterminación

Lo vivido en Cataluña no es fruto del azar, sino del determinismo de una parte del pueblo catalán que ha originado ese estropicio.

Carles Puigdemont, en una de sus intervenciones. EFE.
Carles Puigdemont, en una de sus intervenciones. EFE.

La aplicación del concepto “Declaración Unilateral de Independencia” a la Comunidad Autónoma catalana es poco afortunada, pues además de ser apropiada para independencias coloniales, no refleja lo sucedido. Como aproximación a la raíz del problema, sería más adecuado utilizar el prefijo “auto” del griego αυτος (por sí mismo); porque lo ocurrido en Cataluña es decisión y responsabilidad de un segmento del pueblo catalán autosugestionado por sí mismo. Adicionalmente, mi verdadera disconformidad proviene del agravio comparativo con el Daesh, que los medios denominan como el “Autoproclamado Estado Islámico” y que por ende, el caso catalán debiera ser la “Autoproclamada República de Cataluña”.

La autofrustración de la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, fraguó la deriva de partidos catalanistas hacia el independentismo, iniciando el autodenominado “procés” para reclamar el “derecho a la autodeterminación”, que posteriormente se disfrazó con autobombo como el “derecho a decidir”. Hace tres años, el 9-N, el Govern de Mas autoconvocó una primera tentativa de referéndum ilegal a favor del sacrosanto “derecho a la autodeterminación” que no figura en ninguna constitución civilizada.

Las elecciones autonómicas de 2015 las ganó JxSí en escaños, sin embargo, la opción independentista perdió el plebiscito encubierto, dado que sus votos sumados a los de la CUP no alcanzaron el 50% de votos emitidos. Con todo, no retrocedieron en sus ambiciones secesionistas, ya no hubo otro objetivo ni necesidad en la Autonomía que el autodesarrollo del “procés”: el referéndum y las leyes de autodesconexión de la autocrática España.

El 6 y 7 de septiembre el Parlament -en una sesión bochornosa valiéndose de esa mayoría en escaños- aprobó autoritariamente las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica, lo cual equivalía a reventar la Constitución y autodinamitar su legalidad, la del Estatuto autonómico.

ANC y Òmnium organizaron una manifestación contra un registro de la Guardia Civil en la delegación de economía autonómica, que acabó en un beligerante acoso y con el destrozo de tres automóviles de la Benemérita, a los que se encaramaron sus dos líderes, “los Jordis”, para arengar a las hordas. En el auto de la jueza Lamela de la Audiencia Nacional, los inculpa de los graves delitos de sedición y rebelión, por los que fueron conducidos a prisión preventiva.

A pesar de las sucesivas llamadas al orden constitucional y a los autos judiciales, el Govern convocó el referéndum de autodeterminación el 1-O, sin ninguna garantía democrática. Aquel día, la inacción de la policía autonómica, los Mossos, y la desafortunada actuación de la Policía Nacional dejó imágenes que dieron la vuelta al mundo, lo que provocó airadas acusaciones de autoritarismo al Estado. Estos hechos fueron manipulados contra el Gobierno y lanzados a las redes sociales desde cuentas zombis procedentes de territorio ruso mediante robots automatizados.

Dos días más tarde el punto de inflexión lo marcó el rey Felipe VI, en un discurso televisado acusó a las instituciones catalanas de deslealtad, y de haber incumplido tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía.

Habiendo comprendido la inviabilidad de la autofinanciación de una autoproclamada república y que ésta autoimpondría un corralito, la sociedad catalana autotransfirió su dinero a otras cuentas bancarias fuera de Cataluña; al mismo tiempo, una retirada masiva de depósitos obligó a los dos grandes bancos catalanes –Caixabank y Sabadell- a autodeslocalizar sus sedes sociales y fiscales. Desde aquel día, más de 2.400 empresas autóctonas se han autoconvencido de que una república autoproclamada de Cataluña se autoexcluye de la UE; para mantener su competitividad, también se han autodeslocalizado.

El 10 de octubre, en la ceremonia de la confusión del Parlament, Puigdemont reivindicó el derecho a la autoproclamación de la república para dejarla en suspenso. Acabado el pleno, en una sala aparte, los secesionistas incorporaron su autógrafo a la autodeclaración: « CONSTITUIMOS la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social

El desconcierto era tal, que Rajoy envió por carta un requerimiento al honorable para aclarar si alguien había autoproclamado la república o no, conminándole a volver a la legalidad, pues en caso contrario pondría en marcha el artículo 155 de autodefensa de la Constitución contra la secesión. Estando tramitando la autorización de dicho artículo en el Senado, gracias a la mediación de dirigentes de la Autonomía del País Vasco, circuló la noticia de que el president autodisolvería el Parlament con una convocatoria de elecciones autonómicas; pero debido a la autopresión de grupos secesionistas éste reculó.

El viernes 27 de octubre, el Parlament aprobó la propuesta de autodeclarar la independencia e instar al Govern para iniciar un proceso constituyente: el autogolpe estaba dado. Con una diferencia de tres horas el Senado autorizó al Gobierno el 155, ateniendo al cual, Rajoy suspendió el autogobierno de la Generalitat y anunció elecciones autonómicas el 21-D (las cuartas en 7 años). Es significativo que ningún país ha reconocido a la autoproclamada república.

Puigdemont lejos de autoresponsabilizarse de la autoproclamación, para evitar la acción de la justicia, se autoexilió a Bélgica. Al día siguiente, el exhonorable convocó una rueda de prensa, en la que se autopresentó como el president legítimo de la Generalitat, manifestando que no acudiría ante la justicia española de la que no tenía garantías. En una entrevista televisiva se autopostuló como líder de PDeCAT para las elecciones del 21-D. Todos los partidos políticos, incluyendo la CUP, han asumido las elecciones autonómicas convocadas por mor del 155, lo que indirectamente significa el autoreconocimiento de la nueva autoridad y la aplicación de dicho artículo.

Los exconsellers tras presentarse en la Audiencia Nacional ante la jueza Lamela, acusados de los delitos de sedición, rebelión y malversación, han sido automáticamente conducidos a prisión preventiva incondicional. Manifestaciones masivas han tenido por escenario las calles de Barcelona: unas reclaman la autoproclamación de la república y la libertad de los presos; otras, la continuidad del Estado autonómico y la unidad de España. El secesionismo ha convocado manifestaciones y huelgas contra el Estado autoritario en las que han paralizado autopistas, autovías y líneas ferroviarias.

El 9 de noviembre, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell ante el juez Llarena del Supremo, autodiferenciándose de los exconsellers encarcelados, en un auto de fe renegó de la autoproclamación de la república, a la que calificó de simbólica y como propósito de autoenmienda asumió acatar la Constitución incluyendo el artículo 155. En consecuencia, algunos independentistas se autopercatan que han sido engañados, por el contrario otros siguen autohipnotizados en su autodelirio sin autoreconocer su fracaso.

En definitiva, la autodestrucción económica -comercial e industrial- de Cataluña y la autofractura social -que no han sido simbólicas-, se han producido porque los secesionistas se han autoerigido en únicos representantes del pueblo catalán para autoimponer el pensamiento único; en un exceso de autocomplacencia y autosuficiencia, no han dejado de autodeterminarse reclamando el derecho a la autodeterminación.

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