TRIBUNALES

La corrupción del PNV, a juicio: piden hasta 54 años de cárcel para 26 acusados por comisiones ilegales

El partido de la presidenta Uxue Barkos, envuelto en un escándalo juidcial y de corrupción al más alto nivel. 

Íñigo Urkullu, Uxue Barkos y Andoni Ortúzar, máximos dirigentes nacionalistas, en la asamblea general del PNV celebrada en Pamplona. EFE
Íñigo Urkullu, Uxue Barkos y Andoni Ortúzar, máximos dirigentes nacionalistas, en la asamblea general del PNV celebrada en Pamplona. EFE  

Un total de 26 acusados, entre ellos varios exdirigentes del PNV alavés, se sientan desde este lunes en el banquillo de los acusados por el denominado 'caso de Miguel', de presunta trama de corrupción. El Fiscal pide para ellos penas que oscilan entre los siete y los 54 años de cárcel, y el juicio, que se celebrará en la Audiencia Provincial de Álava y en el que testificarán 150 personas, se prolongará durante varios meses.

El PNV es el partido que controla el Gobierno de Navarra a través de Geroa Bai, el sucedáneo creado para evitar ser reconocido en Navarra y en el que milita la presidenta Uxue Barkos y buena parte de los miembros del Gobierno foral.

Barkos y el PNV acusaron de corrupción de forma sistemática y sin pruebas a dirigentes de anteriores ejecutivos navarros, mientras que es el realidad el partido vasco el que se ve ahora envuelto es un escándalo judicial por sus tropelías en cargos públicos. 

Las primeras sesiones del juicio se centrarán en el análisis de las cuestiones previas sobre el procedimiento a seguir en el proceso, de forma que la denominada fase de prueba, en la que se empezará a interrogar a procesados y testigos, no empezará hasta mediados de febrero.

En esta causa judicial, que se inició en 2009 a raíz de la denuncia de una empresaria, se investiga una presunta trama de corrupción y cobro de comisiones ilegales vinculada a destacados exdirigentes del PNV alavés.

Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava y al que la Fiscalía considera el "dirigente" de una asociación ilícita dedicada al cobro de comisiones ilegales y otras actividades delictivas, se enfrenta a una posible condena de más de 54 años de prisión.

El escrito de acusación del Ministerio Público implica en esta causa a 26 personas, a las que atribuye diversos grados de responsabilidad en este presunto entramado, que se habría desarrollado entre 2005 y 2009. Entre los acusados figuran, además del propio De Miguel, otros destacados exdirigentes del PNV, como Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, para los que pide 32 años de prisión a cada uno.

El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, constata en su escrito de acusación que De Miguel "ideó la creación", en una fecha indeterminada anterior a 2005, de "un entramado societario y personal organizado en torno a sí mismo".

El plan para llevar a cabo estas actuaciones --explica el escrito Ministerio Público-- "fue acordado" por Alfredo de Miguel; su esposa Ainhoa Bilbao Lasa, Aitor Telleria; la mujer de éste, Araceli Bajo López, y Luis Felipe Ochandiano y su esposa, Iratxe Gaztelu-Urrutia Sánchez.

"ENRIQUECIMIENTO PERSONAL"

De Miguel, según el fiscal, "aprovechándose de las responsabilidades políticas y/o administrativas que ostentase en cada momento por su pertenencia al PNV, y contando con la ayuda o colaboración personal o societaria de otros acusados, algunos de los cuales también tenían responsabilidades", utilizó este entramado "para obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas".

La red que, según el fiscal, diseñó De Miguel, se dedicaba, principalmente, a "obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes administraciones o entes públicos gobernados por el PNV".

MULTA MILLONARIA

El ministerio público considera que estas contrataciones se adjudicaban a empresas propiedad del exdirigente jeltzale, como Kataia Consulting, o a terceras personas u otras empresas con las que De Miguel "mantenía relación o vinculación de una u otra manera". A través de esas contrataciones, la red obtenía distintas cantidades de dinero "por trabajos que nunca fueron realmente hechos".

La Fiscalía atribuye a De Miguel alrededor de una veintena de delitos relacionados con la corrupción, así como un delito de asociación ilícita en grado de dirigente. Entre los tipos penales atribuidos al principal acusado en esta causa se encuentran, además, el blanqueo de capitales, cohecho, fraude en la contratación, coacciones, malversación y tráfico de influencias.

La suma de penas solicitadas por estos tipos penales es de 54 años y diez meses de cárcel. Asimismo, el Ministerio Público reclama a De Miguel el pago de una fianza de 25 millones de euros.

En el caso de Aitor Telleria, el fiscal pide una condena de 32 años de cárcel y una fianza de tres millones de euros, mientras que para Koldo Ochandiano solicita 32 años y una fianza de un millón de euros.

Entre los imputados también figura Gurutz Larrañaga, viceconsejero de Cultura en el gobierno de Juan José Ibarretxe; el exdirector de Juventud, también en el gabinete de Ibarretxe, Xabier Sánchez Robles, y el exdirector de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco Julián Sánchez Alegría.

También están imputados Maria Justina Angulo, Alfonso Arriola, Jesús José Arruti, Estíbaliz Arruti, Josu Arruti, Araceli Bajo, Miren Bilbao, Ainhoa Bilbao, Placid Casas, Aintzane de Miguel, Gorka Errasti, Iñaki Etxaburu, Francesc Fernández, Sergio Fernández, Iratxe Gaztelu, Prudencio del Hierro, Josu Montes, Joaquin Sabater, Iñaki San Juan y Ramón Tomas i Riba.

El fiscal detalla que los implicados en esta presunta red corrupta se dedicaban a "obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes Administraciones o entes públicos gobernados por el PNV".


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