TRIBUNALES

Los jueces navarros dispuestos a tomar "medidas de presión" si no se cumplen las mejoras en Justicia

Entre esas propuestas de mejora figura el refuerzo de la independencia de judicial y la modernización de la Administración.

Audiencia Provincial de Navarra. ARCHIVO
Audiencia Provincial de Navarra. ARCHIVO  

Los jueces navarros han acordado este lunes 11 de septiembre por unanimidad adherirse al comunicado de la Comisión Interasociativa Permanente (CIP) en el que se pide un calendario de cumplimiento de las propuestas de mejora de la justicia y se apunta la posibilidad de utilizar "medidas de presión" en caso de incumplimiento.

La Junta de Magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra y la Junta General de Jueces de Pamplona han asumido como propio el comunicado emitido por la CIP el pasado 5 de septiembre con motivo de la apertura del año judicial.

En ese comunicado piden que se establezca un calendario concreto de cumplimiento de las propuestas para la mejora de la justicia acordadas el 16 de junio, así como que para aquellas propuestas cuya efectividad exija dotación presupuestaria el calendario tenga en cuenta los plazos derivados de la Ley de Presupuestos Generales.

Entre esas propuestas de mejora figura el refuerzo de la independencia de judicial, se plantea que el CGPJ debe amparar de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia y se aboga por la transparencia en el nombramiento de altos cargos judiciales, al tiempo que se pide la supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos.

Otras de sus demandas están relacionadas con la modernización de la Administración de Justicia para conseguir un servicio público que "asegure la calidad de la respuesta, rapidez en la resolución y garantías de los derechos fundamentales, todo ello en el marco de una organización judicial rigurosa y eficiente".

En esta línea se subraya la necesidad de un "importante esfuerzo inversor", con un plan decenal de inversiones prorrogable, destinado, entre otros aspectos, a incrementar el número de jueces y juezas, equiparándolo a la media europea, convocando al menos 250 plazas en cada uno de los próximos cuatro años y modernizar los edificios judiciales.

También se solicita la implantación del expediente judicial útil y operativo que facilite el ejercicio de la función jurisdiccional, dotando a jueces y juezas de los medios técnicos necesarios para poder desempeñar su función jurisdiccional usando las nuevas tecnologías, y procurar los medios necesarios para hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes.

La racionalización de la planta judicial, la revisión de la oficina judicial sobre las experiencias piloto, la compatibilización de los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional y la dotación de medios materiales adecuados son otras de sus peticiones en ese sentido.

En relación con las condiciones profesionales, se reclama una convocatoria inmediata de la mesa prevista en la Ley de Retribuciones, mejoras salariales, recuperación del régimen de vacaciones y permisos vigente al momento de la supresión y reducción por Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, así como el permiso de paternidad, la implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo y garantizar una adecuada asistencia de la Mutualidad General Judicial para resolver la problemática específica planteada en todo momento por los jueces y juezas.

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