POLÍTICA

Somos Valle de Egüés pone en duda la sostenibilidad del proyecto de Salesianos y el traslado del centro FP a Sarriguren

La formación con dos concejales en el Valle de Egüés asegura que se ha empleado "una fórmula que acaba beneficiando más los intereses privados".

Fachada del Colegio Salesianos en Pamplona. IÑIGO ALZUGARAY
Fachada del Colegio Salesianos en Pamplona. IÑIGO ALZUGARAY  

Somos Valle de Egüés, formación política con dos concejales en el Ayuntamiento del Valle de Egüés, cuestiona el proyecto de Salesianos para la construcción de 400 viviendas distribuidas en cuatro torres, una instalación hotelera y un edificio de uso social, además del traslado del colegio de FP a Sarriguren.

El partido se pregunta si realmente la operación es "sostenible", así como qué intereses deben defender las instituciones públicas. De esta forma se pronuncia en un comunicado días después de la publicación de la licitación de la subasta de las parcelas del solar del colegio de Salesianos entre las calles Aralar y Media Luna de Pamplona para bloques de viviendas, una operación que permitirá trasladar el centro de Formación Profesional a unas nuevas instalaciones en Sarriguren.

En su opinión, el PSIS de Salesianos es "un perfecto ejemplo de lo que puede pasar cuando se utiliza el convenio como modo de gestión urbanística, eludiendo otras herramientas de gestión recogidas por la ley mucho más equilibradas y favorables para los intereses generales de una comunidad". En este sentido apunta que el convenio, por lo general, es "una fórmula que acaba beneficiando más los intereses de la parte privada", pese a lo que dice que "deberían y pueden hacerse en base a intereses generales".

Como ejemplo indica que "no es lo mismo" hacer un convenio con el vecindario de un barrio vulnerable o degradado para favorecer su regeneración y revitalización en el que se dan mayores prebendas de las habituales por parte de la administración a sus moradores para promover rehabilitaciones y actuaciones en beneficio de la comunidad que hacer un convenio del tipo que se ha hecho con una institución como Salesianos.

En este caso, según subraya, la finalidad es "trasladar de ubicación una dotación privada en favor de una enseñanza no pública que depende por supuesto, y parece que así seguirá siendo, del esfuerzo que las arcas públicas hagan por mantenerla".

En este contexto se pregunta si es sostenible esta operación y si realmente hay un equilibrio entre los ámbitos económico, social y ambiental. Puntualiza al respecto que cuando se hacen tasaciones y valoraciones de una operación urbanística no se tienen en cuenta aun el impacto ambiental que dicha operación conlleva. Eso, dice, supondría plantear medidas o estrategias para contrarrestar el impacto en la huella ecológica, medidas para reducir emisiones de CO2, de demanda energética, de gestión de residuos o del respeto y cuidado del ciclo del agua.

"No sabremos si contrarrestar ese valor de coste hubiera supuesto una indemnización económica (se estima en torno a 37 o 44 millones de euros) por el hecho de no llevar a cabo, tal y como está prevista, la operación urbanística del PSIS de Salesianos, ni si incluso hubiera servido para invalidar el convenio firmado pocos días antes de las elecciones autonómicas", concluye.

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