PAMPLONA

Beaumont sigue sin sacar a los okupas del Marqués de Rozalejo tres meses después de acceder al edificio ilegalmente

Frente a las críticas de UPN, la consejera ha asegurado que "no se puede proceder al desalojo sin una resolución judicial".

Palacio Marqués de Rozalejo en la plaza Navarrería de Pamplona (06). NAVARRA.com
Palacio Marqués de Rozalejo en la plaza Navarrería de Pamplona (06). NAVARRA.com  

La consejera de Presidencia, Justicia, Función Pública e Interior, María José Beaumont, ha avalado en el Parlamento, ante las críticas de UPN, la actuación de la Policía Foral ante la ocupación el pasado 3 de septiembre del palacio del Marqués de Rozalejo de Pamplona.

Beaumont ha insistido en que en el caso de una ocupación sin violencia de un inmueble deshabitado no se puede proceder al desalojo, como tampoco posteriormente, sin una resolución judicial, si no se han producido situaciones de extrema necesidad.

Ha remarcado que los agentes solo pueden proceder a la entrada en un domicilio en los casos establecidos por la Constitución, así como cuando el inmueble está siendo ocupado, cuando todavía no se ha cerrado la puerta, tras lo que ha apuntado que en este caso el juzgado de guardia también entendió que "no procedía la actuación inmediata"

Beaumont ha respondido de esta manera al parlamentario de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin, quien le ha preguntado por la razón por la que el pasado 3 de septiembre no se intervino para evitar la ocupación del palacio del Marqués de Rozalejo, edificio propiedad del Gobierno, llevada a cabo por un grupo de simpatizantes de la izquierda abertzale.

El parlamentario regionalista ha cuestionado la actuación policial argumentando que el mismo día en el que se produjo la ocupación, a mediodía, se presentó una denuncia por ese hecho, la policía acudió al lugar, comprobó que así era pero a las dos de la tarde, según el oficio de la Policía Foral, "abandona el lugar sin tomar ninguna determinación".

Esto ha posibilitado la consolidación de una ocupación en un edificio público que está catalogo, según Sánchez de Muniáin, quien ha insistido en que se tuvo conocimiento de que se estaba produciendo una ocupación y no se hizo "nada" por evitarlo.

Tras preguntarse si ésa es "manera de defender un bien público catalogado", ha opinado que es una "auténtica vergüenza" que se consienta que unos individuos utilicen para su propio beneficio un edifico público.

Ha concluido señalando que si no han hecho todo lo posible por evitarlo, habrán de pensar que han consentido esa "ocupación ilegal".

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