PAMPLONA

Asirón quiere 'sacar tajada' de las escuelas infantiles de Pamplona y plantea cobrar por visitarlas

El cuatripartito alcanzó un acuerdo por el que se establecía un precio de 60 euros por persona a los ayuntamientos y entidades que quieran conocer el proyecto infantil.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, acompañado por la concejala de Educación, Maider Beloki (d). EFE/Jesús Diges
El alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, acompañado por la concejala de Educación, Maider Beloki (d). EFE/Jesús Diges  

El Grupo Municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha rechazado “los planes de Asirón de cobrar a otros ayuntamientos y entidades por conocer el proyecto pedagógico de las escuelas infantiles de la ciudad”.

En la sesión de la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo de los centros 0-3 de Pamplona celebrada el 9 de octubre el cuatripartito en bloque aprobó el cobro 60 euros por persona a todo el que visite las escuelas.

Los concejales de UPN en el organismo votaron en contra, al entender que “la Junta no es el órgano competente para aprobar un precio público y que no existía estudio económico alguno que justificara esa cantidad”.

También señalaron que “el pago extra a los profesionales del organismo no puede hacerse al margen de lo recogido en el convenio”. 

De hecho, recordaron que el intento de instaurar este nuevo precio se hacía apenas una semana después de la celebración del pleno que aprobó inicialmente todas las tasas y precios públicos municipales, por lo que criticaron “la descoordinación y nula planificación del cuatripartito”.

“Sin embargo, los ediles de Bildu, Geroa Bai, IE y Aranzadi insistieron en seguir adelante sin acceder a la realización de los informes pertinentes, pese a la advertencia de que ni el fondo ni la forma del expediente tenían sentido alguno,” han explicado. Por eso, UPN solicitó un informe al área de Hacienda del Ayuntamiento, que todavía no ha sido entregado.

Los regionalistas han informado de que el expediente se encuentra de momento paralizado, después de que el 30 de octubre se reconociera que el acuerdo del cuatripartito no se podía aplicar.

Los regionalistas consideran, por tanto, que “se ha confirmado que tal y como había advertido UPN el expediente no ha llevado la tramitación adecuada”, por lo que han solicitado que la Junta de Gobierno lo anule, “porque no puede constar como aprobado un acuerdo administrativamente incorrecto”.

Más allá del aspecto jurídico, los regionalistas han explicado que “el intercambio de experiencias entre administraciones es algo habitual y muy enriquecedor”.

“Las escuelas infantiles de Pamplona han sido desde hace décadas espejo de las administraciones que querían mejorar sus proyectos pedagógicos en el ciclo 0-3 y de igual manera los técnicos de nuestra ciudad han ido a otros lugares a conocer experiencias en éste y en otros ámbitos”, han recordado.

Por eso, UPN ha criticado “el poco rigor y la mala imagen que sufre Pamplona por intentar arañar un limitado rédito económico a lo que siempre se ha entendido como parte de la cortesía entre administraciones”.

“Conocer otros proyectos y otros puntos de vista e intercambiar conocimiento siempre resulta mucho más enriquecedor que encerrarse en uno mismo y redunda en un mejor servicio a los ciudadanos”, han subrayado.

Además, han señalado que “esta actitud contrasta con los numerosos viajes realizados por los miembros del cuatripartito, a cargo del Ayuntamiento, a eventos organizados por ciudades gobernadas habitualmente por marcas locales de Podemos”.

De hecho, el cuatripartito tan sólo se ha preocupado de tratar de imponer el euskera en las escuelas municipales propiedad del Consistorio pamplonés.

Una sentencia del juzgado contencioso administrativo nº 2 de Pamplona ya dio la razón a los padres de estos centros de castellano que fueron expulsados por Bildu con el objetivo de instaurar un modelo de lengua vasca en las escuelas de la Milagrosa y San Juan. 

Se trató de un acuerdo tomado el pasado 22 de febrero de 2016 por el cuatripartito, representado en la Junta de Gobierno municipal, y que el propio juez declaró nulo. Una sentencia que Asirón, como líder del Ejecutivo municipal, trató de minimizar.

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