TRIBUNALES

El fiscal pide al Supremo que mantenga hasta 2021 la inhabilitación para cargo público a Arnaldo Otegi

El líder abertzale fue condenado a diez años de prisión e inhabilitación por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna bajo la dirección de ETA.

Coloquio en la librería Katakrak  con Ricardo Romero y Arantxa Tirado, autores del libro 'La clase obrera no va al paraíso', junto al líder de Sortu, Arnaldo Otegi, y el editor Tomás Rodríguez
Coloquio en la librería Katakrak con Ricardo Romero y Arantxa Tirado, autores del libro 'La clase obrera no va al paraíso', junto al líder de Sortu, Arnaldo Otegi, y el editor Tomás Rodríguez  

El fiscal ante el Supremo ha pedido a este tribunal que no considere cumplida la pena de inhabilitación para cargo público que pesa sobre el dirigente abertzale Arnaldo Otegi, una condena que, según la Audiencia Nacional, debe continuar hasta el año 2021.

Otegi fue condenado por la Audiencia Nacional a diez años de prisión e inhabilitación por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna bajo la dirección de ETA, una pena de prisión que el Supremo redujo a seis años y medio. Su condena incluía también una pena de inhabilitación.

Según la Audiencia, aunque el dirigente abertzale salió de la cárcel el 1 de marzo de 2016, la condena de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo y para ejercer empleo o cargo público no habrá sido cumplida hasta el año 2021.

Además, este tribunal considera que dicha condena es firme, ya que Otegi no recurrió contra ella en tiempo y forma. Con su criterio coincide el fiscal, que ya se opuso en su día, ante la Audiencia, a los argumentos del abogado de Otegi.

CONDENA DIFERENTE

Para el fiscal del Supremo la condena de prisión fue diferente de la de inhabilitación y, por tanto, esta segunda debe seguir un curso propio, lo que supone que, tal y como ha quedado ya firmemente establecido, termine en 2021.

Sin embargo, en su recurso ante el Alto Tribunal contra la duración de su condena a inhabilitación para ser cargo público la defensa de Otegi argumenta precisamente lo contrario.

Considera que la pena de cárcel se extinguió en marzo de 2016 y que, como la condena de inhabilitación era accesoria a la de prisión, debe considerarse que la duración de la pena secundaria terminó al mismo tiempo que la principal.

En esos términos se ha planteado el asunto ante los miembros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que han deliberado hoy sobre el asunto sin que se haya divulgado aún una posible resolución, de la cual, en todo caso, será ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta.

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